Palabra de Fernández

Tienen ya nombre propio. Son las 'fernandadas'. Una palabra que ha hecho fortuna en el Ministerio del Interior y en el PP para definir la riada de polémicas creadas de forma gratuita por Jorge Fernández Díaz ante preguntas o intervenciones a priori triviales. La última, sería difícil saber si la más sonada porque la competición es reñida, esta semana, con la comparación de ETA con el aborto. «Algo tienen que ver, pero no demasiado», dijo mientras explicaba la caída en Francia del aparato logístico de la organización terrorista. El éxito policial fue eclipsado por su sorprendente equiparación. Pero hay muchas, muchas perlas dialécticas más. Lo que antes en el Gobierno y en el partido se tomaba casi a guasa empieza a preocupar porque casi cada vez que Fernández sale a la palestra pública provoca un incendio de la nada, y lo que es peor, sin pretenderlo.

El pasado martes, el ministro hizo doblete. Solo horas después de equiparar el terrorismo y la interrupción de la gestación, desmintió «tajantemente» la existencia de un informe de la Policía sobre los 'papeles de Bárcenas' que apuntaba a la financiación irregular del PP a través de donaciones de empresarios. El problema es que ese documento acababa de ser notificado a las partes personadas en la Audiencia Nacional y a esas horas ya circulaba por las redacciones de todos los medios de comunicación. Luego Fernández intentó arreglar el entuerto con unas confusas explicaciones de que la Policía, a veces, no depende del Ministerio cuando actúa a las órdenes de un juez.

En el tema Bárcenas le perdió la militancia, pero lo normal es que le pierda su fervor católico. En marzo hasta fue desautorizado por su partido, cuando criticó el matrimonio homosexual porque, entre otros detalles de enjundia, esa unión no «garantizaba» la «pervivencia de la especie».

Se mete en charcos cuando habla de temas ajenos a su departamento, pero también los chapotea cuando habla de asuntos de su estricta competencia. Incluso causa malestar en su propio departamento, como cuando convocó una conferencia de prensa para dar detalles sobre una operación contra los Grapo por el secuestro de Publio Cordón mientras la operación policial estaba aún abierta y bajo secreto sumarial. El enfado en la Audiencia Nacional fue monumental, al punto de que el juez Javier Gómez Bermúdez abrió una investigación al ministro, que luego archivó, para determinar si había incurrido en un delito de revelación de secretos.

«Buenas noticias»

No fue la primera vez que una indiscreción suya ponía en peligro una operación. En julio de 2012 reveló con cuatro horas de antelación en una radio la detención de Juan María Mujika Dorronsoro, acusado de participar en el intento de ETA de matar en 2001 al entonces presidente del Gobierno José María Aznar con un misil tierra-aire. Los gritos de los guardias civiles que durante dos años y medio habían trabajado para arrestar al etarra atronaron en los cuarteles cuando escucharon a Fernández anunciar que en breve iba a haber «buenas noticias» en la lucha antiterrorista.

El ministro del Interior, el mismo que al inicio de su mandato perdió un iPad y un iPhone, se entiende que con información sensible, en dos semanas, debutó en el puesto con un lío tremendo cifrando el déficit de España para 2011 en el 8,2%, cuestionando los datos que poco antes habían dado los ministros del ramo, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. Desde entonces no ha parado y se ha convertido en la peor pesadilla de los expertos de comunicación del PP y del Gobierno

Se volvió a liar cuando dijo que el Gobierno hubiera incurrido en «prevaricación» si hubiera impedido la excarcelación del miembro de ETA secuestrador de José Antonio Ortega Lara, Iosu Uribetxebarria Bolinaga. En otra ocasión, sus compañeros de Ejecutivo tuvieron que salir a desmentirle cuando afirmó que había «margen» para hacer «ingeniería jurídica» y evitar la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo contraria a la aplicación de la 'doctrina Parot'.

Iniciativa propia

Y es que muchas de sus meteduras de pata son, precisamente, por no consultar con otros departamentos del Gobierno o por la complacencia de sus asesores. Así, provocó una tormenta mediática y jurídica cuando dijo que Interior estudiaba la posibilidad de que los clubes deportivos contribuyeran de una manera «más activa» a sufragar los gastos derivados de los despliegues policiales en los partidos.

Tampoco se encomendó a nadie y también provocó el sonrojo de los servicios jurídicos del Estado al anunciar en abril de 2012 en sede parlamentaria que el Gobierno iba a penalizar la resistencia pasiva en las manifestaciones y la convocatoria de protestas que pudieran provocar altercados. El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el responsable de cualquier reforma del Código Penal, tuvo que salir a apagar el incendio y desmentir a su colega de Consejo de Ministros. De hecho, las respuestas a las protestas callejeras por la situación económica no son, precisamente, su fuerte. Se empeñó una y otra vez en que los manifestantes que rodeaban el Congreso en septiembre pasado fueran imputados por un delito contra las altas instituciones del Estado, un ilícito que negaban una y otra vez los jueces de la Audiencia Nacional, los competentes para ello.

Los responsables de comunicación del Gobierno dicen soñar con que Fernández, a su vez, haga realidad su sueño, que Mariano Rajoy le nombre embajador en el Vaticano. Pero ellos mismos reconocen que el ministro tampoco está dotado para la diplomacia. En plena crisis con Gibraltar a cuenta de los encontronazos entre patrulleras españolas y barcos de guerra del peñón echó gasolina al fuego poco antes de una reunión bilateral: «España no va a aceptar humillaciones ni intimidaciones», dijo en tono no precisamente conciliador.

Pero aun así, apuestan por Fernández como representante en la Santa Sede. «Hombre, las 'fernandadas' no son tan graves como para provocar una guerra con el Vaticano», bromean con cariño en círculos cercanos al propio ministro.