UN MILAGRO

Como sucede con cierta frecuencia, el debate impositivo se ha instalado entre nosotros y, como casi siempre, se ha quedado en la superficie, en poco más que la anécdota insulsa, la pulla partidista o el alarde demagógico. Parece como si lo importante fuera elaborar la lista de los apoyos con los que cuenta Montoro y la de quienes se sitúan detrás de Esperanza Aguirre, ante la pasiva indiferencia de Rajoy; o bien si Rubalcaba le ha arrebatado las tesis fiscales a Patxi López para frenar la sangría de votos que supura por el costado izquierdo de su electorado o incluso si de verdad cree que son la única bandera que le resta para defender su inconstante progresismo.

Todo esto nos entretiene mucho, pero nos impide avanzar hacia lo verdaderamente importante. Nadie parece interesado en debatir sobre el papel del Estado en la atención de las necesidades sociales; en determinar cuáles debe solucionar hoy un Estado moderno y en qué medida los usuarios de los servicios públicos deben colaborar a su sostenimiento. En resumen, en fijar si son los gastos quienes deben acomodarse a los ingresos de hoy, o si son unos gastos dados e inatacables los que deben fijar el nivel de los ingresos. Si tuviese que apostar lo haría, sin dudar, a favor de la segunda alternativa. Y eso vale tanto para el PSOE como para el PP.

En esta situación de crisis profunda, de atonía del consumo y de paro elevado, pienso que sería más eficiente y mucho más prudente fijar la cantidad de recursos que podemos detraer del sistema, de los ciudadanos y de las empresas para acomodar los gastos en consecuencia. Pero aquí los servidores públicos (sin olvidar de que en muchos casos se trata más bien de 'servidos por lo público') de uno y otro signo político tienden a pensar que la riqueza de una sociedad es una, fija e inmutable, que luego se puede trocear a voluntad. Exactamente lo mismo que piensan los sindicatos sobre el empleo. Y esos son errores graves, cuya asiduidad no consigue borrar su magnitud. Para demostrarlo basta con analizar la historia reciente de este país, en donde se han volatilizado cientos de miles de millones de euros de riqueza y varios millones de empleos en un quinquenio interminable. Por eso, la cuestión no es solo determinar cuánto dinero necesito para pagar los gastos a los que no quiero renunciar y a quién se lo quito. No es tan fácil, porque la recaudación nunca es inocua. Agrede y detrae recursos de una actividad para dárselos a otra. En plan liberal 'neocon' podríamos decir que detrae recursos a los eficientes para dárselos a los ineficientes, pero a tanto no me atrevo.

De eso se habla muy poco. Aquí nos contentamos con asegurar al colectivo de votantes que vamos a mantener los gastos de los que disfrutan y que luego el dinero va a salir del colectivo de los no votantes. Pero nadie se para a analizar cosas como el reparto de la carga tributaria por tramos de renta, ni su evolución en el tiempo, ni sus efectos sobre la actividad, ni los límites temporales y cuantitativos a la solidaridad, ni tampoco las condiciones exigidas para obtenerla. Esta última es una idea que repugna cuando se refiere a las personas, pero que encanta cuando se trata de regiones o de comunidades. Así vemos normales cosas como defender, a la vez, la solidaridad sin límites entre personas de un mismo territorio y el perímetro estricto de la solidaridad entre regiones. Y en el colmo de la felicidad, además de pensar algo tan sorprendente, se puede alardear de progresista. Un auténtico milagro que realizan a diario todos los partidos catalanes y también los vascos.