Rajoy reivindica ante Artur Mas una España plural, pero unida

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó ayer en Barcelona un símil deportivo, en concreto una referencia al piloto Fernando Alonso, que compite el domingo en Montmeló en el Mundial de Fórmula 1 para reivindicar, ante la atenta mirada de Artur Mas, su idea de España como un «gran equipo», «plural, distinto en muchas cosas, pero trabajador, abierto y solidario». Fue su única, y remota, alusión a la deriva soberanista que capitanea el presidente de la Generalitat y que el miércoles recibió un vaparalo con la decisión del Contitucional de anular la declaración del Parlamento autonómico que consideró a Cataluña «sujeto jurídico y político soberano».

En pleno debate territorial, en el que los socialistas reclaman la reforma del Estado de las Autonomías para ir hacia un sistema federal y mientras los nacionalistas catalanes apuestan por la independencia y que se recojan en la Constitución sus aspiraciones identitarias, Rajoy apeló a la unidad para que los resultados, en este caso no deportivos, sino del país, sean lo más fructíferos posibles. «Cuanto más grande sea ese equipo y más capaz de fijar en común los objetivos, más podemos aspirar a lo que queremos, que es ser cada vez mejores», señaló.

Los valores de una escudería de Fórmula 1 le sirvieron en todo momento para proclamar esa España plural y unida que defiende, frente a los proyectos de los nacionalistas que pretenden la secesión y la ruptura. «Lo más importante del deporte -dijo- es demostrar que no podemos aspirar a nada grande si no somos grandes, si no contamos con la solidaridad y el trabajo conjunto de un gran equipo».

Mientras Rajoy y Mas almorzaban en un hotel de Barcelona, por invitación del primero, junto a los principales empresarios automovilísticos, Soraya Sáenz de Santamaría entraba de lleno en el debate. La vicepresidenta pormenorizó la hoja del ruta que el Gobierno empleará para intentar frenar el pulso de CiU y advirtió de que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier paso del Parlament o de la Generalitat a favor de la autodeterminación, como ha hecho con la declaración pro catalanista.

Sáenz de Santamaría detalló que empleará dos mecanismos. Por un lado, incorporará las nuevas decisiones que, a su juicio, vulneren la Carta Magna al recurso que la corte ha admitido a trámite; y, por otro, presentará una nueva impugnación cuando lo considere oportuno. En ambos casos, primero recabará la opinión de la Abogacía del Estado y la del Consejo de Estado. El Gobierno dudó mucho antes de presentar el recurso contra la declaración soberanista por el precedente de la impugnación del plan de Ibarretxe, rechazada por el tribunal. Por esta razón, la vicepresidenta consideró que la admisión en sí es una noticia de mucha importancia que evidencia el «normal funcionamiento de las instituciones de este país». «El auto del Tribunal Constitucional ha servido para poner determinadas cosas en el lugar que corresponde y es un primer mensaje claro para quienes lo quieran entender», argumentó Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros.

De la intervención de Sáenz de Santamaría se desprende que el Ejecutivo se siente ahora más legitimado para frenar cualquier desafío independentista, en especial una hipotética consulta, pero también ante la comisión que el Parlamento catalán puso en marcha el pasado miércoles para estudiar los pasos legales a dar para ejercer el derecho a decidir o para abortar el denominado 'Consell para la Transició Nacional'.

Máximo rigor

La vicepresidenta, tras enfatizar que siempre han actuado «con el máximo rigor», intentó mantener el tono institucional que le gusta emplear a Rajoy cuando habla en la Moncloa sobre la cuestión soberanista. «ElGobierno de España -sostuvo- lo es también de los catalanes y tiene, por tanto, responsabilidad respecto de sus derechos».

Sáenz de Santamaría tampoco quiso polemizar con Núria de Gispert, la presidenta del Parlament catalán, que ignoró la resolución del Constitucional y dio por hecho que la declaración soberanista seguía vigente. Espetó que más allá de las declaraciones políticas, «que todos podemos hacer con más o menos acierto y con más o menos rigor jurídico», hay una frontera que no se puede cruzar, la de las reglas del juego democrático. Advirtió, asimismo, de que si Cataluña no cumple con la suspensión, el Ejecutivo denunciará la desobediencia ante los tribunales de justicia.