La inmigración a Gran Bretaña marca el discurso de Isabel II ante el Parlamento

La nueva ley de inmigración británica fue la medida más destacada del discurso de la reina Isabel II, presentado ayer en el Parlamento. La ley pretende reducir el número de personas que residen ilegalmente en el país y limitar la atracción de Reino Unido a ciudadanos búlgaros y rumanos que tendrán derecho a establecerse en suelo británico a partir del finales de este año.

El acto, al que asistió por primera vez el príncipe de Gales como signo del papel más prominente que la monarquía británica dará en los próximo meses al heredero de la corona, es un rito anual en el que la reina Isabel II lee un discurso breve donde recita la lista de proyectos de ley que el Gobierno quiere introducir en el próximo año parlamentario.

Elegir la inmigración para el proyecto estrella corresponde con lo que dicen los sondeos de opinión -el 57% de la población británica lo incluye entre los tres asuntos más importantes del país, cuando hace un año era el 11%, según la firma YouGov- y es también una reacción al ascenso en la popularidad del partido UKIP (Partido por la Independencia de Reino Unido), que logró cerca de un cuarto de los sufragios en las elecciones municipales de la pasada semana.

El número de inmigrantes descendió de 589.000 a 515.000 entre junio de 2011 y junio 2012, según datos de la Oficina Nacional de Estadística. La composición de esas cifras agregadas fue: procedentes de países de la Commonwealth, de 168.000 a 117.000; de los ocho nuevos Estados de la UE, de 86.000 a 62.000; estudiantes no comunitarios, de 239.000 a 197.000.

Pero el Gobierno de David Cameron quiere ir más lejos. Los propietarios de viviendas arrendadas a residentes ilegales y las empresas que los contraten serán castigados con multas de miles de euros, según un ministro. En la actualidad, una empresa que contrata inmigrantes ilegales ya puede ser multada con unos 5.500 euros. Quiere también limitar el derecho de recurso judicial a la expulsiones.

Para disuadir a búlgaros y rumanos de viajar a Reino Unido, el Gobierno quiere establecer la obligación de residencia por al menos seis meses antes de que un inmigrante procedente de la UE pueda cobrar el subsidio de desempleo o la atención sanitaria en el servicio público de salud. Además fija la obligación de haber residido al menos dos años en un distrito antes de poder solicitar un subsidio de vivienda.