La Audiencia Nacional no extradita a Falciani y critica las actividades oscuras del HSBC

Daniel Hervé Falciani, el informático italo-francés que se apropio de los datos de 130.000 clientes del HSBC de Ginebra, entre ellos 659 supuestos defraudadores españoles, ya es un hombre libre, sin medidas cautelares, pese a la cohorte de escoltas que le acompañará allá donde vaya a partir de ahora. La Audiencia Nacional rechazó ayer su extradición a Suiza. Las autoridades helvéticas acusan a Falciani del robo de esta documentación, que ha permitido a varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia o España, perseguir a sus evasores fiscales. Hacienda, por su parte, ha recuperado unos 300 millones.

La Sala de lo Penal justificó su resolución por la ausencia de la doble incriminación, es decir, que los cuatro delitos que le imputa la Justicia suiza a Falciani -espionaje financiero, secreto bancario, secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes- no existen en el derecho penal español.

El auto señala que las prácticas del HSBC Private Bank y «singularmente sus filiales» en Estados Unidos, España y Suiza «dejan constancia de prácticas no solo reprobables, sino directamente sancionables en el ámbito administrativo e incluso en el penal, en nuestro derecho y en otros, por insuficiente control».

Terrorismo

Los magistrados destacan la «permisividad o complacencia de facto» de la entidad financiera con «actividades delictivas de defraudación tributaria, blanqueo de capitales, e incluso de financiación del terrorismo», lo que ha determinado «la apertura de investigaciones o incluso la instauración de procedimientos penales» aunque no les conste que ninguna de ellas se haya llevado a cabo por Suiza.

En concreto, apuntaron que los empleados del HSBC «captarían a los clientes ofreciendo la creación de estructuras fiduciarias y sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales a través de los cuales se canalizaría, de manera opaca y segura, la inversión realizada por las personas residentes en territorio español».

El auto recordó que el banco llegó a un acuerdo en diciembre de 2012 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el que se accedieron a pagar una multa de 1.256 millones de dólares (953 millones de euros) tras reconocer que había «incumplido su obligación de controlar el lavado de dinero».