Estudian un posible delito de prevaricación de la exalcaldesa

La judicialización de la vida política arcense se ha acrecentado en los últimos meses con la presentación de diversas denuncias. Una de las más destacadas es la querella que el propio Ayuntamiento, gobernado por PP y AiPro, presentó contra la exalcaldesa socialista Josefa Caro, el exdelegado de Urbanismo Joaquín Macías y otros cinco concejales más de los que conformaran el Gobierno del PSOE. En la misma se ponía en tela de juicio la concesión de licencias de ocupación a propietarios de viviendas de la zona de Cachones de Angorrilla, cuestión que se aprobó en octubre de 2010, a cambio de que cedieran una parte del terreno de su propiedad para la construcción del vial público de la calle Padres Salesianos, una obra que se llevó a cabo con la ayuda de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.

Dicha denuncia provocó que el juez instructor llamara a declarar a los denunciados, imputándolos por unos presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y delitos contra la ordenación del territorio. Tras tomarles declaración, el responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Arcos emitió un auto eximiendo a los siete acusados de los delitos contra la ordenación del territorio y malversación. No obstante, sí que puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos para que se estudie el tema de la prevaricación, manteniendo la imputación al respecto.

Maniobra política

Según el auto del juez, las licencias se emitieron sobre un suelo no urbanizable y de especial protección. Además, destaca que no se contó con los informes técnicos previos y preceptivos para poner en marcha esta concesión. Desde el PSOE de Arcos valoraron muy positivamente el hecho de que no se vieran indicios de los dos delitos reseñados, recordando que todo «ha sido una maniobra política del Gobierno actual -PP y AiPro- para desprestigiar al PSOE, gastándose para ello dinero de todos los vecinos de Arcos», en alusión a los 20.000 euros que ha costado el asesoramiento externo para llevar a cabo esta querella.

Los socialistas han defendido desde el principio que nunca concedieron licencia de ocupación, algo que negó en su momento el actual delegado de Urbanismo, Manuel Erdozain (AiPro), que incluso presentó en la prensa los acuerdos de la Junta de Gobierno Local por las que se otorgaban dichas licencias.