Los políticos imputados podrán ser inhabilitados durante seis meses

Los políticos imputados en un proceso judicial podrán ser inhabilitados de su cargo de forma temporal mientras se desarrolla la investigación, un periodo máximo de seis meses. La novedad fue avanzada ayer en el Congreso por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, según recoge el borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que será aprobada en otoño y entrará en vigor esta legislatura.

Esta potestad de los jueces a la hora de investigar a los políticos aforados que hayan sido imputados o estén siendo investigados en los Tribunales Superiores de Justicia o en el Tribunal Supremo obedece al intento de evitar la reiteración delictiva. En la práctica, supone que un político encausado pueda ser suspendido antes de que se celebre el juicio y si finalmente es absuelto volvería a ejercer su cargo.

La comisión de expertos que ha elaborado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma que data del siglo XIX y que desde entonces ha sido 'parcheada' 47 veces, también propone que los fiscales puedan dirigir la investigación de los procesos penales. Sin embargo, estos no podrán dictar medidas cautelares, que quedarán reservadas a la nueva figura del juez de Garantías del Proceso, que también dictará la apertura de juicio oral. En todo caso, el fiscal investigador dispondrá de seis meses para efectuar las diligencias en su investigación, aunque podrá ser prorrogado 18 meses más en delitos más complejos.

La reforma incorpora otro cambio al sustituir el término de imputado por el de «encausado», que se aplicará al que esté incurso en una investigación penal para evitar así la connotación peyorativa del primer término. Asimismo, la acusación popular -prohibida para partidos y sindicatos- tendrá la legitimidad para pedir la apertura de juicio oral y será gratuita contra funcionarios que delincan en el ejercicio de sus funciones.

Aforados

Otra novedad es que los aforados que declaren como testigos en una causa perderán privilegios como el de prestar declaración en su despacho o por escrito en lugar de hacerlo en sede judicial.

Con respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Gallardón apoyó la idea de la comisión de que un juez pueda pedir a un medio de comunicación que deje de publicar un sumario declarado secreto y no tipificar como delito esta práctica.

El ministro aseguró que se trata de una decisión «inteligente» no imputar delito alguno a los informantes, pero sí contemplar que el juez de Garantías -figura de nueva creación- «pueda, a petición de las partes o del Ministerio Fiscal, no sancionar la revelación producida, pero sí dirigirse al medio de comunicación para instarle a que en aras de la tutela judicial efectiva del encausado se suspenda la publicación de más datos».

Con la nueva ley los jueces se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad sobre asuntos pendientes de resolución y su régimen de ascenso y traslado estará regido por pruebas de excelencia y especialización en concurso y/o oposición.

La propuesta del Gobierno mantiene la pervivencia de la Audiencia Nacional que mantiene sus salas en tres -Penal, Contencioso-Administrativo y Social-, que estarán acompañadas por salas de instancia que estudiarán los asuntos ahora asignados a los Juzgados Centrales y a la Sala de lo Penal.

Una de las principales novedades que afectan a la Carrera Judicial se refiere a la supresión de las categorías. Con el nuevo modelo, solo habrá jueces y el tratamiento de magistrado solo se mantiene «a efectos honoríficos».