«No hay indicios de que la infanta conociera el plan criminal de su marido»

«No hay indicios vehementes de que la infanta conociera, se concertase ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torre, tendente a cometer un fraude a la administración con ocasión de los contratos de colaboración con las administraciones, ni que a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos».

Con ese argumento central, una dividida Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca revocó ayer por dos votos a favor y uno en contra la decisión del juez José Castro de citar como imputada a Cristina de Borbón como cómplice o cooperadora necesaria de los delitos económicos cometidos por su esposo.

La resolución, a pesar de la aparente contundencia, no descarta por completo que la hija menor de don Juan Carlos termine haciendo el paseíllo de los juzgados de Vía Alemanya. La Audiencia Provincial invita a Castro a seguir investigando porque todavía podría imputar a la infanta y señala que el camino a profundizar, una vez descartado el cohecho, la malversación o el tráfico de influencias, es el del fraude fiscal.

Los magistrados Diego Jesús Gómez-Reino Delgado, ponente del fallo; Juan Jiménez, quien presentó un voto particular a favor de la imputación, y Mónica de la Serna adelantaron la deliberación prevista para el 20 de mayo y resolvieron «estimar parcialmente» el recurso del fiscal Pedro Horrach. Anticorrupción recurrió la decisión de Castro de acusar a la hija del Rey al entender que en el sumario no hay pruebas suficientes de que estuviera al tanto de los negocios de su marido al frente del instituto Nóos y, aún menos, de que participara activamente en ellos, ni siquiera en Aizoon, la empresa de la que es coopropietaria al 50% con su esposo, y que sirvió para desviar a bolsillos privados cerca de un millón de euros públicos.

La sala da la razón a Horrach en todas las imputaciones que hace al juez, excepto en la del posible delito fiscal. Los magistrados, que son muy críticos con la forma de instruir de Castro, al que casi afea cómo ha llevado la investigación, afirman que no hay «reproche penal» que hacer a la duquesa de Palma porque en todo el sumario no hay pruebas de que ella hiciese nada «tendente a cometer un fraude a la Administración» en lo que respecta a los contratos suscritos por el Instituto Nóos con los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares. No hay pruebas, insisten los magistrados, de que la infanta tomara parte en el plan para «apropiarse ilícitamente de fondos públicos» que supuestamente ingeniaron su marido y Diego Torres.

Sin «trascendencia»

Para la Audiencia «carece de trascendencia penal» el hecho de que el nombre de la infanta apareciera en el folleto de Nóos como miembro de la junta directiva, un elemento que el juez Castro consideraba clave para demostrar que Cristina de Borbón podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias. Según la resolución, que la infanta hiciera gala de su posición para favorecer los negocios de su marido son meras «suposiciones y conjeturas». No hay prueba, apunta el fallo, de que «la infanta ejerciera presiones, directa o indirectamente, a través de la Casa Real, para influir decididamente en el órgano de contratación o en el funcionario que determinó la decisión» de contratar. Es más, y esto es un reproche a Castro, la sala recuerda al instructor que ni siquiera en su auto de imputación hizo un esfuerzo por describir las supuestas presiones de la hija del Rey para acusarle de tráfico de influencias.

La aparición de la infanta en el folleto no es más que «una especie de carta de recomendación o de presentación del Instituto Nóos ante posibles clientes y administraciones públicas, pero en modo alguno nos hallaríamos en presencia de una influencia típicamente antijurídica», zanja el tribunal.

En la misma línea, para la sala no es suficiente indicio para imputar a la duquesa de Palma el hecho de que pudiera haberse enriquecido a través de la empresa familiar. «Aizoon recibió ingresos provenientes de facturas giradas contra instituciones públicas y privadas, pero el aprovechamiento que como consecuencia de ello pudo haber reportado a la infanta carecería de reproche penal» pues para que haya delito es imprescindible que «el beneficiario conozca con un alto grado de certeza el origen delictivo de esos fondos».

Harina de otro costal es el delito fiscal. La Sección Segunda incluye duras críticas al juez y a la propia Hacienda por no haber ahondado en su investigación, que sigue siendo «incompleta» para determinar si Cristina de Borbón pudo incurrir en un ilícito contra el fisco. «No se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública, y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la infanta», apunta la resolución. Es más, los magistrados dicen no entender que si se imputa un delito fiscal a Urdangarin por las presuntas irregularidades con Hacienda de Aizoon, no se haga lo mismo con su esposa que era copropietaria de la inmobiliaria y «secretaria de la Junta General».

«En 2006 la Infanta debería saber o conocer que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda y que se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon al Instituto Nóos», afirma la sala.

«El informe jurídico orilla por completo toda consideración sobre la posible cooperación omisiva del socio no administrador en los delitos fiscales que atribuye a Urdangarin en Aizoon», se quejan los magistrados, en una clara referencia para fijar los derroteros de la investigación de Castro, al que invita a reclamar más informes y aclaraciones a la Agencia Tributaria sobre el papel de la infanta por si en un futuro pudiera reclamarse de nuevo la imputación.

Y ahí estará la clave de la suerte de la infanta. Castro ya ha ordenado a Hacienda que le remita las diez últimas declaraciones de renta del matrimonio. Si de esos documentos y ulteriores informes se desprendiera la posibilidad de que la infanta hubiese incurrido en un ilícito penal con Hacienda, defraudación de más de 120.000 euros, la Audiencia Provincial insinúa que reconsideraría su decisión de oponerse a la imputación de la hija del Rey.