El Defensor admite a trámite las quejas por la subida del alquiler municipal

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la denuncia presentada por los inquilinos de las viviendas municipales, a causa de la subida del precio del alquiler de hasta un 66%. Esta medida ya figura en la ordenanza municipal de vivienda, junto con la retirada de las bonificaciones para las rentas más bajas y la repercusión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los vecinos. La normativa ya fue aprobada de forma definitiva por el Pleno en marzo, pero los afectados, más de cien familias, no cejan en sus protestas y las han llevado hasta el Defensor, José Chamizo. El concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, no se ha pronunciado al respecto.

En una breve misiva, la Oficina del Defensor expone que la queja de los inquilinos cumple los requisitos fijados en la ley 9/1983 reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz y que una vez pasado el análisis y la criba, será tramitada frente al Ayuntamiento.

Los trámites, iniciados

De esta forma, en la carta figura que ya se han iniciado los primeros trámites con el Gobierno local, al que pedirán información sobre este asunto. Una vez recibidos los datos, se procederá a estudiarlos. La Oficina contactará de nuevo con los vecinos cuando tenga los resultados, a fin de comunicarles sus conclusiones. «Sabemos que el dictamen del Defensor, cuando lo haga, no será algo vinculante, pero esperamos que al menos sirva para que el Ayuntamiento recapacite».

El presidente de 'La Coordinadora', asociación que aglutina a los inquilinos de las viviendas, confió en el cambio de actitud del equipo de Gobierno, pese a que en el Pleno votó en contra de la retirada de la ordenanza.

Los afectados, sin embargo, no se rinden y en la próxima sesión ordinaria volverán a tomar la palabra para hacer un llamamiento al equipo de Gobierno al mismo tiempo que repetirán la concentración de protesta frente al Ayuntamiento mientras se celebre la sesión. Cabe recordar que los inquilinos ya se manifestaron durante el encendido de alumbrado de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino. «Y seguiremos haciéndolo para defender a las personas que peor lo están pasando en El Puerto». Miguel García añadió además que antes del 26 de mayo, fecha en que termina el plazo legal de dos meses, denunciarán el caso ante el Juzgado de lo Social de El Puerto.

Sin recursos económicos

«Esa es al menos nuestra intención, pero contamos con muy pocos recursos económicos. Así que esperamos tener la ayuda de la oposición». De esta forma, García espera que PSOE, Izquierda Unida e Independientes Portuenses, que desde un primer momento se posicionaron contra la modificación de la ordenanza, se impliquen en el periplo judicial que están dispuestos a emprender contra la subida de los alquileres. El presidente de La Coordinadora recordó que la mayoría de personas que residen en estos pisos -El Tejar, Los Maestros, Valdés...- atraviesan situaciones económicas muy precarias y algunas incluso no pueden afrontar el pago de los alquileres con los precios actuales. Los inquilinos comenzarán a notar la subida a medida que renueven sus contratos de alquiler, que se incrementarán de 200 a 332 euros o de 113 a 187 euros, según el caso.

La modificación de la ordenanza responde al plan municipal de ajuste de Suvipuerto, en respuesta a su vez a las condiciones del Gobierno central para la concesión de los créditos ICO. El responsable municipal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, ha explicado en numerosas ocasiones que la decisión se debe a la adaptación de la normativa municipal a la autonómica y que ningún inquilino que demuestre no poder pagar la renta será desahuciado. Pero para los afectados se trata de una decisión política de sesgo mercantilista, cuando la misión de la empresa municipal es facilitar una vivienda digna y asequible.