La reforma del aborto de Gallardón desata la contestación interna en el PP

Empiezan a aparecer las primeras grietas en el PP a propósito de la reforma de la ley del aborto, en la que ha puesto todo su empeño el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso Rafael Hernando considera una mera «reflexión personal» la intención del ministro de suprimir el supuesto que permite a la mujer abortar por malformación del feto. La postura de Hernando pone de manifiesto que el cambio de la norma sobre interrupción voluntaria del embarazo concita contestación entre los populares y solo satisface al sector más conservador del partido. «No tiene sentido que ahora replanteemos otra vez cosas que, a mi juicio, estaban razonablemente solventadas», argumentó Hernando.

El asunto está lejos de zanjarse. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, evitó opinar sobre la cuestión mientras no esté redactado un proyecto de ley.

En una entrevista concedida a Europa Press, Hernando se muestra disconforme con la idea de «retroceder» a los tiempos anteriores a 1985, cuando se aprobó la ley de los supuestos despenalizadores, una norma que «funcionó razonablemente bien». Esta legislación contemplaba que era posible abortar si peligraba la salud física o psíquica de la madre, si el embarazo era producto de la violación y en caso de preverse taras del feto. Horas después de estas declaraciones, Hernando declaró su sorpresa ante el revuelo que habían armado sus palabras, que, dijo, no entran en contradicción con la postura del titular del Justicia.

Sin embargo, es difícil ocultar las discrepancias. Gallardón aspira a desterrar el supuesto por anomalía fetal y aduce, invocando una sentencia del Tribunal Constitucional de 1984, que los derechos de la mujer no pueden prevalecer sobre los del no nacido.

La visión del parlamentario popular representa a los que no acaban de encontrarse cómodos con la iniciativa de Gallardón. El compromiso electoral del PP se ciñe a cambiar la actual ley de plazos, que despenaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de la gestación. La ley que autorizaba los tres supuestos parece disgustar menos a los populares que no se sienten concernidos por la moral de la Iglesia católica. No en balde, es el ordenamiento jurídico que estuvo vigente durante las dos legislaturas en que gobernó José María Aznar, en la segunda de las cuales el PP gozaba de mayoría absoluta.

Para el portavoz adjunto de los populares, lo más adecuado sería, antes de legislar, esperar a que el Constitucional siente doctrina sobre la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y contra la que presentaron un recurso el PP y el Gobierno de Navarra.

Promesas electorales

En el programa electoral del PP se ponía mayor énfasis en reclamar la autorización paterna para que pudieran abortar las jóvenes de 17 y 18 años que en otros aspectos. Con la actual normativa, las mujeres de esas edades pueden interrumpir el embarazo sin consentimiento de los padres, aunque deben informarles de su decisión. Es cierto que la propuesta con la que el PP concurrió a las urnas hablaba de fortalecer la protección del 'nasciturus', pero lo hacía de una forma vaga.

Pese a que Hernando ha puesto de relieve la división de opiniones existente en el partido gubernamental, las diferencias no son tantas como para romper hoy la disciplina de voto en el Congreso. Está garantizado que los diputados populares tumbarán la propuesta del PSOE para desautorizar la reforma de la ley en la que trabaja el Ministerio de Justicia. Los socialistas han apelado a la movilización social para frustrar la reforma auspiciada por Gallardón y atribuyen el endurecimiento de la norma a los «débitos con la Conferencia Episcopal».

Cospedal trató de acabar con el debate interno y sortear la imagen de confrontación entre facciones del PP. Por esta razón rehusó responder a la pregunta de cuál era su opinión, «como mujer», acerca del aborto.

Cuando ya las palabras de Hernando habían alcanzado mucha resonancia, el portavoz adjunto procuró que se esfumase la sensación de que en el PP se ha abierto la veda para impugnar el discurso de Ruiz Gallardón. Destacó que el grupo popular y el Ejecutivo trabajan de forma conjunta y coordinada para alumbrar la nueva ley.