Las administraciones se comprometen a pagar en 30 días a partir de octubre

Más de seis meses. Es lo que tardará en aplicarse en España la directiva europea -vigente desde el pasado 16 de marzo- que obliga a las administraciones públicas a abonar sus facturas pendientes en el plazo máximo de 30 días. Ese es al menos el compromiso que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trasladó ayer al presidente de la asociación de autónomós ATA, Lorenzo Amor. Según aseguró el propio Amor al término del encuentro que mantuvo con Montoro, las administraciones cumplirán los plazos marcados por Europa, pero a partir del próximo mes de octubre.

El de poner fin a la morosidad de Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos es una de las principales reivindicaciones del colectivo de los trabajadores por cuenta propia. Según datos de la propia Hacienda, a finales del pasado año la Administración General del Estado tardaba una media de 60 días en hacer frente a sus deudas con los proveedores. Con todo, la central es la administración más cumplidora a la hora de pagar las facturas, aunque también es cierto que es la que menos volumen de trabajo contrata con los autónomos.

No hay datos oficiales sobre el nivel de morosidad de comunidades autónomas y ayuntamientos, pero las estimaciones de ATA les colocan varios escalones por encima del Estado. En su último informe, fechado en el mes de febrero, la asociación de autónomos cifraba en unos 4.811 millones de euros la deuda conjunta de las administraciones públicas con sus proveedores. El periodo de pago era de 148 días, frente a los 95 del sector privado. Las comunidades tardaban en pagar 142 días, por 154 los ayuntamientos.

Según la promesa de Cristóbal Montoro, a partir de octubre ese plazo tendrá un límite de 30 días. En caso de incumplimiento, las administraciones se enfrentarán a unos intereses de demora del 8%. Para poder cobrar lo que se le adeuda, el autónomo deberá denunciar el impago ante Hacienda, que a su vez descontará a comunidades autónomas y ayuntamientos el importe de dichas facturas de su participación en los ingresos del Estado.

Como ya avanzó hace un mes el propio Montoro, el plazo máximo de 30 días irá ligado a la ampliación a este año del plan de pago a proveedores, que en 2012 permitió abonar 28.460 millones de euros pendientes a 150.000 contratistas. Según desveló Amor tras su reunión con Montoro, no se ha establecido la dotación económica del nuevo plan, aunque la intención es la de «poner el contador a cero».

El presidente de ATA pidió al ministro que, «en la medida de lo posible», se cubran todas las facturas pendientes de pago hasta el primer trimestre de este año, y que se habilite una vía para que los autónomos puedan reclamar las facturas que comunidades y ayuntamientos no tienen reconocidas en sus registros.

«Tolerancia cero»

«Hay que poner coto a la morosidad porque es uno de los principales focos de destrucción de empleo», denunció Amor, quien cuantificó en unos 800.000 los empleos destruidos por culpa de la morosidad pública. «Con la morosidad, tolerancia cero», exhortó. Otra de las reivindicaciones que Amor puso encima de la mesa -y que es compartida por otras asociaciones de trabajadores por cuenta propia- es que la prolongación del plan de pago a proveedores contemple los derechos de empresas y autónomos subcontratados. La mayoría de los autónomos, por su condición de persona física y por su escasa dimensión empresarial, no están en condiciones de acceder a la contratación pública.

Sin embargo, en la mayoría de los casos las empresas principales hacen uso de sus servicios como subcontratados para realizar parte o el total de los servicios u obras contratados por las administraciones públicas. Por eso, las asociaciones quieren que el nuevo plan incluya condiciones especiales a las empresas para que cumplan con la obligación de liquidar las deudas con sus propios proveedores.

El abanico de reivindicaciones desplegado por ATA también contempla la reducción de impuestos para pymes. En concreto, la necesidad de bajar la retención del 21% que se aplica a las actividades profesionales realizadas para empresas. Amor pidió que se reduzca al 19% a partir del 1 de enero de 2014.