Las administraciones se comprometen a pagar en 30 días a partir de octubre

Más de seis meses. Es lo que tardará en aplicarse en España la directiva europea -vigente desde el pasado 16 de marzo- que obliga a las administraciones públicas a abonar sus facturas pendientes en el plazo máximo de 30 días. Ese es al menos el compromiso que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trasladó al presidente de la asociación de autónomós ATA, Lorenzo Amor. Según aseguró el propio Amor al término del encuentro que mantuvo con Montoro, las administraciones cumplirán los plazos marcados por Europa, pero a partir del próximo mes de octubre.

El de poner fin a la morosidad de Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos es una de las principales reivincicaciones del colectivo de los trabajadores por cuenta propia. Según datos de la propia Hacienda, a finales del pasado año la Administración General del Estado tardaba una media de 60 días en hacer frente a sus deudas con los proveedores. Con todo, la central es la administración más cumplidora a la hora de pagar las facturas, aunque también es cierto que es la que menos volumen de trabajo contrata a los autónomos.

No hay datos oficiales sobre el nivel de morosidad de comunidades autónomas y ayuntamientos, pero las estimaciones de ATA les colocan varios escalones por encima del Estado. En su último informe, fechado el mes de marzo, la asociación de autónomos cifraba en unos 4.811 millones de euros la deuda conjunta de las administraciones públicas con sus proveedores. El periodo de pago era de 148 días, frente a los 95 del sector privado. Las comunidades tardaban en pagar 142 días, por 154 de los ayuntamientos.

A partir de octubre el plazo queda establecido en 30 días. En caso de incumplimiento, las administraciones se enfrentan a unos intereses de demora del 8%. Para poder cobrar lo que se le adeuda, el autónomo deberá denunciar el impago ante Hacienda, que a su vez descontará a comunidades autónomas y ayuntamientos el importe de dichas facturas de su participación en los ingresos del Estado.

Como ya avanzó hace un mes el propio Montoro, el pago en 30 días irá ligado a la ampliación a este año del plan de pago a proveedores, que en 2012 permitió abonar 28.460 millones pendientes a 150.000 contratistas. Según desveló Amor tras su reunión con Montoro, no se ha establecido la dotación económica del nuevo plan, aunque la intención es la de "poner el contador a cero".