El enquistado desastre ecológico de Texaco-Chevron

Marisol Urbano no lo tiene fácil. Es una emigrante colombiana en Ecuador, madre soltera y su humilde vivienda, situada en el cantón Joya de los Sachas, ni siquiera cuenta con agua potable. Curiosamente, ella y sus hijas Diana, Cintia, Anabel y Brenda, viven en un entorno plagado de ríos, lagunas y cascadas. Pero el líquido está contaminado por el cercano mechero de un pozo de petróleo que quema los gases generados por la extracción.

El tanque, con capacidad para 1.400 litros, permite filtrar las gotas de lluvia y permite beber sin riesgo. La iniciativa ha sido llevada a cabo por la organización local FDA con la colaboración de Manos Unidas. Las cinco moradoras son unas víctimas más de un viejo conflicto. La compañía Texaco-Chevron explotó el subsuelo de la zona entre 1964 y 1990, diseminando numerosos pozos mal gestionados.

Las aguas de formación, con alto contenido de sales y metales, fueron derivadas a los cercanos ríos y los desechos petrolíferos se ocultaron en un millar de piscinas en la tupida llanura amazónica. La economía y la salud de 30.000 vecinos han resultado muy dañadas. Las entidades comunitarias y ecologistas locales interpusieron una demanda contra la firma en 1993, remitida diez años más tarde a Ecuador. Las maniobras dilatorias, políticas y las amenazas han salpicado una década de pleitos.

El fallo, hecho público en 2012, la condenó a pagar 14.500 millones de euros, aunque el último peritaje asegura que sanear la zona costaría 110.000 millones. La empresa norteamericana no ha hecho frente a la pena y la parte acusadora intenta que tribunales de países donde actualmente se halla instalada reconozcan la sentencia y embarguen sus bienes.