La Amazonía al mejor postor

Las chimeneas de humo que se alzan sobre las palmeras suponen la primera prueba de la explotación petrolífera que sufre la Amazonía ecuatoriana. Pero cuarenta años de actividad han dejado un rastro más devastador y no tan evidente. Los suelos, las aguas superficiales y subterráneas, lodos y sedimentos de las áreas afectadas, contienen elevadas concentraciones de hidrocarburos y metales pesados, según un informe publicado por el Instituto Hegoa con los resultados de un peritaje de dicha actividad extractiva. El artículo 400 de la Constitución local, una de las principales iniciativas de Rafael Correa, asegura que el Estado «ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional».

El próximo 16 de julio, la Administración fallará el concurso de ofertas para nuevas prospecciones sobre más de dos millones de hectáreas de dicha región. Las ONG conservacionistas y las comunidades indígenas implicadas ya han rechazado contundentemente el macroproyecto. El resto del país no parece pronunciarse al respecto. «Los ciudadanos oyen lo que dice el presidente, que quien se opone va contra el progreso, y ven sus megaobras, así que el 95% está de acuerdo», explica Ermel Chávez, portavoz de una organización ecologista local FDA.

Ronda de presentación

Como si se tratara de una prestigiosa obra de arte que se exhibe antes de someterse a la puja en una casa de subastas, la Décimo Primera Ronda Suroriente ha sido presentada en Bogotá, Houston, París, Pekín, Yakarta y Singapur. La esperanza de obtener del fondo de sus tierras entre 369 y 1.597 millones de barriles es el reclamo ante los posibles postores de tres continentes.

La información oficial asegura que se ha realizado un diagnóstico socio-ambiental en la zona afectada, pero no resulta localizable y la Secretaría de Hidrocarburos no ha respondido a las preguntas de este periódico. «No hay un estudio de impacto digno de credibilidad», advierte Alberto Acosta, el que fuera presidente de la Asamblea Constituyente y Ministro de Energía y Minas en el primer mandato de Correa. «Tampoco hay una ronda de consultas creíbles. Es obligatorio constitucionalmente llevar adelante una, previa, libre, informada y vinculante en proyectos que puedan afectar ambiental y culturalmente a los pueblos que están en un territorio».

El exdirigente, convertido en oponente político del gobierno, fue el promotor del Proyecto Yasuní-ITT, original propuesta que pretende resguardar un parque natural de la extracción petrolífera a cambio de que la comunidad mundial se comprometa a aportar 267 millones de euros anuales para proyectos de suministro energético y reforestación. El territorio, de casi 10.000 kilómetros cuadrados, posee la mayor biodiversidad del planeta, y en ella habitan las tribus no contactadas tagaeri y taromenan. Sin embargo, a juicio de su impulsor, el mantenimiento de la iniciativa constituye una coartada para proteger la imagen internacional del régimen. «No hay compatibilidad entre la ampliación de la frontera petrolera y la megaminería con la iniciativa de dejar el crudo en el subsuelo en el ITT», alega.

Atados al oro negro

Ecuador es el jaguar latinoamericano, según las previsiones económicas del Gobierno alemán. La cancillería berlinesa, tan prudente, posiblemente no haya calibrado el verdadero potencial de un país que ha convertido al crudo en el eje esencial de su desarrollo.

La últimas estimaciones aseguran que las reservan bordean los 4.000 millones de barriles, pero también que los descubrimientos son cada vez menos frecuentes, más costosos en campos reducidos con hidrocarburos pesados cuya extracción requiere de elevadas cantidades de agua. No hay alternativas. El 40% del presupuesto del Estado depende de su venta y la clave para hacer frente al elevado endeudamiento exterior, con un fuerte porcentaje de procedencia china, requiere mantener e incrementar la producción. La revolución ciudadana también hace gala de costosas iniciativas como la refinería del Pacífico y ocho centrales hidroeléctricas en proceso de ejecución que requieren de una financiación ligada al oscilante precio del oro negro.

Para sostener la expansión del felino ecuatoriano, la tierra de los achuar, andoa, shuar, kichwa, shiwiar, waorani y zápara, se ha repartido en 21 porciones. Todas se sitúan en el interior de las provincias de Pastaza y Morona Santiago, poco pobladas y de bajo nivel de desarrollo. El documento oficial se atribuye el 25% de los ingresos brutos y señala fondos de inversión social directa con montantes que varían entre 5 y 10 millones por cada una de los bloques licitados. Los indígenas y colonos habrán de convivir con las explotaciones durante cuatro años de exploración, veinte de explotación y la inquietud que produce una cláusula que advierte que la concesión puede ser prorrogable indefinidamente a conveniencia del Estado. «La comunidad nativa amazónica constituye menos del 8% de la población total», alega Elmer Chávez. La aplastante mayoría absoluta de Alianza País, el partido gubernamental, no anima un debate político. «Su poder les permite normativizarlo todo y que los dirigentes indígenas que se oponen sean arrestados con graves cargos». En los dos últimos años, medio centenar de líderes nativos y estudiantes han afrontado juicios por terrorismo y sabotaje y, según el representante de la FDA, el Parlamento va a tramitar próximamente la reforma del derecho de resistencia.