El Congreso busca reinventarse

El consenso es total. El funcionamiento del Congreso, la cámara que concentra la soberanía nacional, que se rige aún por reglas esencialmente aprobadas en 1982, en los albores de la democracia, necesita un cambio en profundidad. Está lejos de ser el centro del debate político y cada vez son más los españoles que perciben al Parlamento como una estructura encorsetada, opaca y ajena a las demandas de la calle. Un sentimiento que, en su versión más radical, se resume en el grito indignado de «¡no nos representan!».

Los partidos, presionados por la creciente desafección de la calle con los políticos y las instituciones, que ha escalado a tercera preocupación de los españoles, han decidido, a través de una iniciativa de IU, coger el toro por los cuernos y poner en marcha una ponencia en la Cámara baja, con representación de todos los grupos, que tiene como mandato redactar una propuesta de cambio profundo del Reglamento.

El objetivo general es dotar al Congreso de más agilidad y proyección pública, mejorar y aumentar los mecanismos de control político al Gobierno, dar pasos reales en transparencia de la institución y de los diputados, y lograr una mayor conexión con el pulso y las demandas de la calle mediante nuevos mecanismos de audiencia y participación en los trabajos legislativos.

La modernización del Reglamento del Congreso no es ninguna novedad. Es un debate que ha atravesado las diez legislaturas de la democracia, pero hasta ahora cada intento se ha contado por fracasos. El último lo lideró Manuel Marín, el presidente de la cámara en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. José Bono, en la siguiente, ni lo intentó. Los cambios introducidos desde 1978 siempre han sido mínimos y parciales y, normalmente, obligados por la detección de lagunas e ineficiencias o realizados por la presión de acontecimientos o escándalos.

Los partidos transmiten la sensación de que ahora será distinto. Que aunque el acuerdo no será fácil, y posiblemente tampoco general, la fuerte demanda social de regeneración democrática no deja opción a un fracaso de las grandes formaciones. En defensa del argumento recuerdan que los partidos nacionalistas, cuya exigencia de uso de lenguas cooficiales en el pleno del Congreso acabó de dar la puntilla al consenso inicial entre PP y PSOE en el proyecto Marín, ya no son decisivos en la cámara y, por lo tanto, no hay excusa para un pacto, si es necesario, que les excluya.

Eso sí, por el momento no hay plazos para la entrega de la propuesta ni las distintas siglas han puesto todavía sus cartas sobre la mesa. Hasta que se conozcan las intenciones concretas de los partidos, hasta que se sepa hasta donde están dispuestos a llegar con sus reformas, sobre todo el PP y el PSOE, no se sabrá si se está ante un intento de reinvención del Congreso o ante un mero 'lifting' para apagar las luces de alarma que enciende cada oleada del CIS.

Más debates

A la espera de las propuestas de cada grupo, es evidente que uno de los caballos de batalla será saber hasta dónde está dispuesto el PP a admitir un mayor control del Gobierno, para terminar con la acusación de que Mariano Rajoy se esconde. En el borrador de Marín ya se pactó la obligación de convocar debates de actualidad en el pleno, permitir preguntas al jefe del Ejecutivo hasta el día anterior a la sesión de control de los miércoles o incluir al presidente como destinatario de las interpelaciones sobre asuntos candentes, con media hora de debate en el hemiciclo, que los grupos ahora solo pueden dirigir a ministros.

IU, el único grupo que ya ha hecho propuestas, añade la obligación de celebrar el Debate sobre el estado de la Nación cada año, sin que quede al arbitrio del Ejecutivo; de aumentar el cupo de preguntas al presidente y a los ministros de los grupos pequeños; o de establecer la obligación de que el jefe del Ejecutivo tenga que comparecer en el pleno al menos una vez en cada período de sesiones si lo pide la oposición.

En el campo de la transparencia, se baraja regular el papel de los 'lobbies', e incluir la obligación de un registro de grupos de interés así como la aprobación de un código de conducta, límites y obligaciones para su relación con los diputados; y fijar pautas definitivas sobre incompatibilidades de los parlamentarios o sobre publicidad y control de sus bienes y sueldos.

En el área de participación, se habla, entre otros asuntos, de facilitar el camino de las iniciativas legislativas populares. La lista de propuestas de IU incluye rescatar de su esclerosis la Comisión de Peticiones, como cauce para que ciudadanos y asociaciones puedan ser escuchados directamente por los parlamentarios; que el diputado tenga la obligación de contestar en plazo a las propuestas de electores de su circunscripción; que instituciones o colectivos sociales deban ser escuchados en comisión en asuntos de interés; o que en la jornada anual de puertas abiertas los ciudadanos no se limiten a pasear por el Congreso y a admirar sino puedan formular desde el hemiciclo preguntas a los grupos políticos, que tendrían que contestarlas.