La Junta refuerza con 44 millones el salario social a familias sin recursos

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anunciado decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que sumará a los actuales 74 millones de euros destinados a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables otros 120 millones.

En esta partida adicional incluye como novedad de lo hasta ahora avanzado del decreto 44 millones de euros para reforzar el ingreso mínimo de solidaridad, el llamado salario social. Se trata de un sueldo de 397,67 euros mensuales, más 51,31 euros por hijo, durante seis meses, que la Junta concede desde el año 2000 a familias sin ningún ingreso.

Desde que comenzó la crisis el número de solicitantes se ha duplicado, lo que refleja bien la crítica situación. De 22.526 solicitudes en 2007 se pasó el pasado año a 55.138. De las cuales solo se concedieron 33.000. La Junta presupuestó este año 70 millones de euros para el salario social, algo más que en 2012.

El decreto aprobado modifica la normativa actual para agilizar la concesión, garantizando esta en dos meses. La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, respondió que la Junta mantiene el compromiso de aprobar en esta legislatura una ley de renta básica, incluida en el acuerdo de gobierno con Izquierda Unida. «Pero la ley tarda más de un año en pasar los trámites y no podíamos esperar».

Montero hizo una exposición de motivos para justificar el decreto como gran apuesta política del Gobierno de Griñán por la situación que vive Andalucía, con el 37% de su población activa en paro: 1,4 millones de personas. Cien mil hogares andaluces sobreviven sin ingresos y en ellos hay 72.020 menores con privación material severa, mientras que otros 33.868 mayores orillan la exclusión social.

Por ello el decreto establece como novedad una red de solidaridad alimentaria para niños y mayores en situaciones de pobreza y un plan de empleo en colaboración con los ayuntamientos, parte del mismo dedicado a mantener puestos de trabajo relacionados con la dependencia. Montero recordó que el plan ya se aplica en países europeos (Francia, Reino Unido y Finlandia). «Son los países desarrollados los que se preocupan de los pobres y de los más desfavorecidos», enfatizó en réplica al PP por sus críticas.

El decreto une esfuerzos de tres consejerías - Salud, Administración Local y Educación- ayuntamientos y organizaciones para tejer una red de solidaridad alimentaria que, con 20 millones de euros (16 añadidos en el decreto) garantice que nadie pase hambre en Andalucía. El decreto fija como principal prioridad la infancia en este cometido y proveerá, a través de comedores escolares y de campamentos de ONG en vacaciones, tres comidas al día (desayuno, almuerzo y merienda) a 46.800 niños durante el curso y a 5.000 en verano. Un servicio de catering hará llegar comida a las casas de un millar de ancianos con problemas de movilidad.

El plan de acción social (contemplado en los Presupuestos con 60 millones de euros pero sin desarrollar hasta ahora) facilitará la contratación de 47.000 personas en situaciones extremas a través de los ayuntamientos. La Junta, que aportará 1.000 euros por empleo, reclama al Gobierno la exención del pago de la Seguridad Social y con los 14 millones ahorrados conceder más trabajo. También prevé emplear a 2.000 mujeres en ayuda a domicilio de dependientes moderados, aquellos que han quedado fuera de la ley por los recortes del Gobierno.