Todos pagamos los daños de Navantia

No se puede reclamar trabajo para la Bahía destrozando farolas, anulando el carril reversible del puente Carranza o tirando al suelo las señales de tráfico. Cualquier reivindicación que acabe en acto vandálico pierde su credibilidad y, sobre todo, su justificación. Los trabajadores de Navantia, especialmente la plantilla de Puerto Real, han traspasado la línea roja que separa la paciencia de la indignación. Sus acciones, junto con las protagonizadas por los antiguos trabajadores de Delphi, han costado al erario público más de 311.000 euros. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, se ha defendido de las criticas de algunos colectivos que lo acusan de ser responsable de estas acciones. De Torre ha dejado muy claro que quien tiene la culpa de estos daños es, precisamente, quien los provoca, no quien vela por la seguridad. El subdelegado ha echado mano de la factura que ha pagado el Estado en los últimos meses en concepto de reparación de daños motivados por manifestaciones en Cádiz. Resulta incomprensible que los trabajadores del astillero de Puerto Real hayan destrozado el carril reversible del puente Carranza dos veces en menos de un año. Pero lo más grave de esta acción es su importe económico. La primera vez que la plantilla arrambló con los pórticos del carril reversible del puente fue en mayo de 2012 y la broma superó los 150.000 euros, amén de las dos semanas que estuvo inutilizado. La segunda, tuvo lugar el pasado jueves y, en esta ocasión, el sabotaje del puente ha salido por 33.000 euros. Los representantes de los trabajadores tienen que cambiar este tipo de actuaciones callejeras porque tiende a volverse en su contra.