Una sentencia envenenada que fuerza un adiós

El Tribunal Supremo condenó a Alfredo Sáenz en marzo de 2011 a tres meses de prisión y otros tantos de inhabilitación profesional. Lo hizo tras considerarle autor de un delito de acusación y denuncias falsas contra unos deudores de Banesto. Sin embargo, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero le indultó con polémica en otoño de ese año, tan solo cinco días después de perder las elecciones del 20-N y ya casi con las maletas hechas.

Aquella decisión política provocó un profundo malestar en el alto tribunal, al entender que el Poder Ejecutivo se extralimitaba frente al Judicial por incluir en su concesión de gracia los impedimentos para ejercer la actividad bancaria. Para sus magistrados, aquella resolución no solo contravenía la ley «sino también la Constitución».

El problema pasaba entonces a manos del Banco de España, que debía decidir sobre la inhabilitación de Sáenz que, en la práctica, hubiera supuesto dejarle fuera de la sucesión a Botín. El Gobierno actual aprobó hace dos semanas una norma para flexibilizar los requisitos de honorabilidad para ser banquero. No ha hecho falta echar mano de ella.