El Gobierno achaca el acoso al Congreso a una minoría violenta
La acción de protesta se saldó con 33 detenidos, tres de los cuales ingresaron en prisión sin fianza por orden del juez
MADRID.Actualizado:En las horas previas todos los partidos se desmarcaron de la convocatoria de una forma u otra si bien las versiones ofrecidas a posteriori fueron de lo más diversa. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó ayer la escasa participación en la protesta, y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, calificó como «impecable» la actuación policial y consideró la convocatoria como «un llamamiento de grupos muy radicales para un objetivo completamente absurdo, como es el asedio al Congreso, la resolución de las Cortes y la caída del Gobierno con la Jefatura del Estado incluida».
El presidente del Congreso, Jesús Posada, coincidió en la valoración de Cifuentes y alabó la «respuesta magnífica» de las fuerzas de seguridad a la vez que instó a las autoridades judiciales a adoptar medidas contra «las pequeñas minorías que provocan incidentes».
Pese a no apoyar la convocatoria, la oposición no ahorró críticas hacia el Ejecutivo. El diputado socialista Odon Elorza acusó a la delegada del Gobierno en Madrid de «echar gasolina al fuego» con sus declaraciones desafiantes. Por parte de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares acusó al Ministerio del Interior de «programar una estrategia para criminalización de la protesta».
Por Unión, Progreso y Democracia, Carlos Martínez Gorriarán opinó que el dispositivo activado por la Policía resultó «desproporcionado» si se tiene en cuenta que al final se trató de una protesta «anecdótica» a la que apenas acudieron 1.500 personas.
Sin medidas cautelares
El juzgado de instrucción número 33 de Madrid, entretanto, dictó libertad sin medidas cautelares para cuatro personas arrestadas cuando supuestamente intentaban prender fuego a un cajero. Según informaron fuentes judiciales, la investigación continúa abierta con el fin de esclarecer si los detenidos incurrieron en un delito de tentativa por daños de incendio.
De igual manera, la juez de instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón puso en libertad a los once detenidos por los disturbios sucedidos en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Sobre todos ellos pesa la imputación de coacciones y uno deberá además personarse cada quince días en los juzgados.
Mientras, a lo largo de la tarde de ayer los 15 detenidos en las inmediaciones del Congreso, entre ellos cuatro menores, fueron puestos a disposición judicial tras declarar ante la Policía.
Desde el jueves permanecen en prisión preventiva incondicional tres personas detenidas la noche del miércoles a las que la Policía incautó varios cócteles molotov en las inmediaciones de una sucursal bancaria próxima a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.