Los tribunales investigan 1.661 casos de corrupción política y financiera

Los tribunales investigan en la actualidad 1.661 casos de corrupción, de acuerdo al estudio del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que en sus conclusiones no distingue entre causas de naturaleza política o exclusivamente financiera.

Unas 302 de estas investigaciones se pueden calificar como macroprocesos. Se trata de causas que tienen como protagonistas los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales, falsedades documentales, estafas, o negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.

El análisis, que fue difundido ayer, no incluye los casos que se tramitan en el Tribunal Supremo. Señala además que estos casi 1.700 asuntos de corrupción forman parte de los 2.173 procesos judiciales en marcha en España que se consideran como de «especial complejidad y de gran repercusión en la opinión pública», por lo que en muchas ocasiones suponen una sobrecarga de trabajo excesiva para el juzgado y producen su colapso. El resto de causas distintas a la corrupción son 512 macroprocesos por delitos complejos, en muchos casos por narcotráfico o por sucesos graves o desastres naturales, con gran número de implicados. Un ejemplo, el Madrid-Arena.

De hecho, el estudio, que aún es provisional, se lo encargó Gonzalo Moliner, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, el 24 de enero al Servicio de Inspección tras conocer las denuncias de varios tribunales y jueces decanos sobre la importante falta de medios para abordar la proliferación de asuntos de corrupción y ante la alarma social desatada por casos como 'Gürtel', los ERE de Andalucía o el que investiga a Iñaki Urdangarin y a su exsocio. Quería tener una radiografía del problema y un balance de necesidades urgentes.

El trabajo de la Inspección, que contó con la colaboración y los datos de las audiencias provinciales, los decanatos y los tribunales superiores de justicia, constata que el colapso en muchos juzgados por la escalada de causas de corrupción es una realidad y plantea al Ministerio de Justicia cuatro actuaciones urgentes para poder agilizar o desatascar las actaules investigaciones en curso.

Cuatro medidas urgentes

El Poder Judicial considera que es «absolutamente necesario» que los 798 juzgados del país que tramitan asuntos de corrupción sean reforzados, al menos de manera temporal, con 64 magistrados, que se sumarían a los 16 jueces de adscripción temporal y 11 de refuerzo que ya han recibido desde que empezaron a denunciar sus carencias.

De igual manera, el Consejo reclama al Ministerio y a las consejerías autonómicas la adscripción a estos mismos órganos de 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios de distintas categorías.

La Inspección, para paliar los atascos de los procesos, recomienda a las autoridades la toma de otras dos medidas urgentes. Por un lado, pide a los ministerios de Interior y Hacienda que adopten las decisiones necesarias para agilizar el importante trabajo que en las causas por corrupción los jueces demandan de las unidades policiales especializadas en delitos económicos y crimen organizado, UDEF y Udyco, y de los expertos de la Agencia Tributaria. De hecho, han constatado que en muchas ocasiones el embudo en la instrucción se produce por la tardanza excesiva de estas unidades en completar los informes y diligencias que se le reclaman.

La cuarta recomendación es la creación de una «unidad permanente de peritos» en asuntos financieros y fiscales adscrita a la Audiencia Nacional, similar a la que ya trabaja desde hace años a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción. Según el informe, el tribunal central es quien instruye 91 de las causas de alta complejidad, que en la mayor parte de los casos son además macroprocesos.

El análisis que realiza el gobierno de la judicatura no aporta el dato sobre los tiempos medios de tramitación de estos asuntos, pero sí hace el reparto territorial de los juzgados que atienden causas de corrupción. Está dentro de los razonable que Andalucía, Cataluña y Madrid, las regiones más pobladas, estén entre los cinco primeros puestos del cuadro, pero es más llamativo que la Comunidad Valenciana ocupe el segundo lugar, con 200 procesos, y Canarias el cuarto, con 149 investigaciones en curso. También destaca Murcia, con 41 causas vivas. La autonomía con menos procesos es País Vasco, con siete.