El Consejo de Estado defiende Educación para la Ciudadanía

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, recibió ayer un pequeño jarro de agua fría con el dictamen del Consejo de Estado sobre la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Y es que el principal órgano consultivo del Gobierno puso reparos a dos de las medidas más polémicas que han protagonizado -y casi monopolizado- el debate durante toda la reforma: la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la obligación de las comunidades autónomas con lengua cooficial de costear la escolarización de un alumno en un centro privado que garantice el castellano como lengua vehicular.

En su informe -no vinculante- de 185 páginas el Consejo de Estado critica la ausencia en el anteproyecto de asignaturas de formación «ético-cívica» como la controvertida Educación para la Ciudadanía y recomienda su inclusión en el sistema. «Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento», afirma el texto. Los expertos recuerdan que España tiene suscritos numerosos acuerdos del Consejo de Europa y la UE en los que se recomienda velar por el aprendizaje de los valores democráticos «con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa». Unos valores que en su opinión residían en la polémica asignatura que la reforma deroga. En la Lomce se elimina la asignatura y en su lugar se crean dos materias optativas y alternativas a Religión denominadas Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria.

Sin embargo, el dictamen también considera que la normativa «discriminaría» a los alumnos que elijan Religión porque «no podrían cursar una materia sobre valores sociales y éticos a lo largo de su formación».

El Consejo de Estado también rechaza parte de otro de los aspectos de la Lomce que más polvareda ha levantado: el modelo de inmersión lingüística catalán. El anteproyecto reconoce un «trato diferenciado» a las lenguas cooficiales respecto del castellano «en una proporción razonable», sin que en ningún caso «pueda suponer de hecho la exclusión del castellano». Una tesis avalada en el dictamen. No obstante, la Lomce establece que si el alumno solicita usar el castellano como lengua vehicular y no existe oferta en su centro, será la administración autonómica la encargada de sufragar la escolarización del estudiante en un centro privado. El Consejo de Estado considera que este punto, que soliviantó a la Generalitat, «no debería constar en la ley» por la dificultad «técnico-jurídica» de su aplicación y por la invasión de competencias. «Afecta al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia», aseguran.

La Lomce también contempla la posibilidad de que los colegios concertados con segregación por sexos reciban financiación pública. El dictamen del órgano consultivo pide que la ley deje claro que este modelo es una excepción que debe justificarse de forma «objetiva» y «razonable». Además, exige que se someta a un escrutinio «especialmente intenso» a estos centros, que tendrán que adoptar medidas académicas para favorecer la igualdad.

A pesar de las objeciones del dictamen en temas tan sensibles, desde el Ministerio de Educación consideran que el informe del Consejo de Estado avala la estructura diseñada por la Lomce. Destacan que el texto aplaude las reválidas (evaluaciones externas) comunes al final de cada etapa educativa. El departamento que dirige Wert también resalta el visto bueno de los expertos al adelanto de los itinerarios en la ESO y a la nueva Formación Profesional.

En cualquier caso, fuentes del Ministerio aseguran que estudiarán las recomendaciones del Consejo de Estado, aunque recuerdan que sus opiniones no son vinculantes. Sin embargo, la reflexión no será muy larga ya que la idea es que la Lomce sea aprobada como proyecto de ley por el Consejo de Ministros en las próximas semanas.