El Parlamento Europeo estudia si da amparo a los desahuciados españoles

Un respaldo firme desde las instancias comunitarias, pero sin reflejo alguno a escala normativa o jurídica. Todo lo más, una investigación que termine con una reprimenda al Gobierno español por la supuesta vulneración de derechos o leyes europeas, junto a la recomendación de alguna reforma puntual. Eso es lo que podrán obtener del Parlamento Europeo tanto los afectados por el problema de los desahucios como los perjudicados por las preferentes. Y es que representantes de ambos colectivos comparecieron ayer ante la Comisión de Peticiones de la cámara comunitaria. En el caso de los desahuciados por el impago de sus préstamos, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, trató de obtener el apoyo de los parlamentarios a su denuncia del «incumplimiento» por parte del Gobierno del artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de «todos los españoles» a disfrutar de a una vivienda «digna y adecuada».

Para Colau, «España (tanto el Ejecutivo actual como el anterior) ayuda a los bancos antes que a las personas», por lo que abogó por extender la dación con pago con carácter retroactivo y general. Su queja fue escuchada atentamente por los políticos comunitarios, que después dieron paso a los representantes de la Comisión Europea, quienes en las últimas semanas han tratado de coordinar con el Parlamento la nueva directiva europea sobre préstamos para la compra de vivienda.

También comparecieron ante el mismo órgano, aunque en un expediente distinto, sendos grupos de perjudicados por las preferentes en Galicia y Cataluña. Su reclamación, compartida por el resto de perjudicados, que Europa dé una respuesta a la presunta estafa que sufrieron desde las entidades financieras, incumpliendo así la directiva comunitaria que protege a los ahorradores. La respuesta de Bruselas fue igual de clara: cualquier compensación por posibles malas praxis bancarias ha de ser resuelta por los tribunales españoles.