Los trabajadores a tiempo parcial sufrirán retrasos de tres meses en la concesión de la pensión

El Tribunal Constitucional ha abierto un agujero normativo en el sistema de pensiones que puede acabar teniendo unas consecuencias aún no vislumbradas. La sentencia que anula el sistema de cotización de los trabajadores a tiempo parcial por considerar discriminatorio que se les exijan más años trabajados que a los de tiempo completo para tener derecho a pensión obliga a diseñar un nuevo modelo que puede acabar tocando elementos esenciales como las condiciones para acceder a los complementos a mínimos y, por tanto, a las pensiones mínimas.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, compareció ayer en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para explicar el impacto monetario que en el sistema tendría aplicar la sentencia del Constitucional sin hacer más cambios. El gasto en pensiones se incrementaría en 1.900 millones de euros anuales si se aceptara la regla de que un día trabajado -independientemente de si la jornada es de una hora o de ocho- es equivalente a un día cotizado y se aplicara a todos los que trabajaron a tiempo parcial. La sentencia es retroactiva desde que se aplicó la norma anulada (1998). Burgos precisó que la sentencia afecta a unos 50.000 posibles perceptores de pensiones y 32.000 de subsidios de maternidad, paternidad e incapacidad temporal. El Gobierno ha empezado a negociar con los agentes sociales el nuevo sistema. La sentencia del Constitucional anula el precepto, pero no aclara cómo debe aplicarse y deja que cada juez decida a su manera. Esto va a provocar inseguridad jurídica porque habrá interpretaciones dispares, señaló Burgos. Para dar tiempo a elaborar una nueva norma que aclare la situación, la Seguridad Social va a agotar el plazo que le permite la ley para reconocer el derecho a pensión de los trabajadores a tiempo parcial; un margen que en la mayoría de los casos es de tres meses y en algunos supuestos puede superar los siete. Esto supone un retraso respecto a lo que tarda ahora en la tramitación, que son apenas unos días. «Resolveremos los subsidios que no requieren demasiada complejidad administrativa, pero en el tema de las pensiones, como habría que retrotraerse a contratos de décadas, de los que ya no se disponen, quizá la solución más lógica sería agotar ese plazo buscando mientras tanto una solución definitiva», explicó el responsable de la Seguridad Social.

Para tener derecho a pensión hay que haber cotizado al menos 15 años. El sistema anulado dividía las horas trabajadas a tiempo parcial por cinco para calcular a cuántos días de jornada completa correspondían, y posteriormente esos días teóricos se multiplicaban por 1,5 a efectos de determinar el tiempo reconocido de cotización. De tal manera que jornadas laborales inferiores al 67% de la normal requerían más de 15 años naturales de trabajo para tener derecho a pensión y con jornadas inferiores al 20% habría que trabajar más de 50 años naturales. Esa discriminación es la que denuncia el Constitucional. Por el contrario, el sistema es «generoso» en la cuantía de las pensiones -en palabras del secretario de Estado-, ya que existe una pensión mínima garantizada -actualmente 618,9 euros al mes- que se cobra aunque las cotizaciones no alcancen.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, explicó en el Congreso que el impacto económico de la sentencia del Constitucional es «inasumible para el sistema» y pidió colaboración a los grupos parlamentarios para acordar una solución «definitiva» tras haber tumbado los tribunales las dos normas anteriores. Según explicó Burgos, el sistema transitorio derivado de la sentencia «va a suponer mucha más discriminación que la que hay ahora» porque resulta injusto para los trabajadores a tiempo completo, cuyo esfuerzo de cotización es mayor, pero también para los trabajadores a tiempo parcial que concentran en pocos días su jornada.

«La ampliación de los derechos de unos no puede llevar a la injusticia para otros», señaló. Por eso, se empezará por estudiar cómo adaptar el periodo de cotización de los trabajadores a tiempo parcial, pero sin descartar que haya que tocar las pensiones mínimas, el importe de los complementos a mínimos o el periodo de carencia exigido para acceder a los mismos, según reconoció el secretario de Estado.