Chamizo recibe a los afectados por el ERE en el Ayuntamiento

Un grupo de afectados por el ERE planteado en el Ayuntamiento de Jerez fue recibido ayer por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para pedirle amparo por «el daño personal y profesional» que les han causado los argumentos esgrimidos por el Gobierno municipal del PP a la hora de seleccionar a los trabajadores despedidos.

En un comunicado, los afectados han recordado que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Antonio Saldaña, declaró en la vista oral que la selección de los trabajadores se había realizado «en base a la rumorología» y considerando «quien trabajaba mejor o peor, era problemático, quejica o si eran vagos». Por eso, el grupo de afectados quiere que Chamizo conozca de primera mano su rechazo a estos argumentos, al entender que «lesionan gravemente su dignidad personal y su reputación profesional como trabajadores, además de socavar públicamente su capacidad y solvencia para la consecución de un futuro empleo».

La sentencia del TSJA dio la razón a los trabajadores y falló el 20 de marzo de 2013 «declarar no ajustado a derecho el despido colectivo llevado a cabo por el Ayuntamiento y, en consecuencia, el derecho de los trabajadores despedidos, a opción del Ayuntamiento demandado, a ser readmitidos o indemnizados». Asimismo, detallan que en los antecedentes de hechos de la sentencia quedó «acreditado», por la prueba de interrogatorio de testigos practicada en el acto del juicio oral, que «en la aplicación de los criterios de selección utilizados para la designación nominal de los trabajadores afectados se incurrió en una absoluta arbitrariedad, lo que adquiere una mayor gravedad dada la condición de Administración Pública» del Ayuntamiento.

Los afectados por el ERE explicaron a Chamizo los «millonarios» costes que supone indemnizar a trabajadores en vez de optar por la readmisión, «posibilidad que ofrece la sentencia del TSJA». También trasladarán al Defensor las recientes manifestaciones de la alcaldesa jerezana, María José García Pelayo, en la que «resta importancia a la formación y titulaciones académicas de los afectados y a su antigüedad en el Ayuntamiento de Jerez».