Recta final para el sumario de Fórum y Afinsa

La Audiencia Nacional se encamina ya hacia la recta final en los polémicos casos de Fórum Afinsa y Fórum Filatélico, que han sido reconvertidos ahora en sumarios a la vistas de las elevadas penas de prisión (hasta un máximo de 13 años y medio) a las que se enfrentan los 38 acusados, fundamentalmente por entender los dos jueces que los investigan que existen indicios de la posible comisión de un delito continuado de estafa agravada (por el gran número de afectados y el elevado montante defraudado). El próximo 9 de mayo se cumplirán siete años desde que se decretara su polémica intervención judicial de ambas empresas de compraventa de sellos, cuyo déficit patrimonial -según cálculos posteriores de los juzgados mercantiles que tramitaron sus respectivos concursos de acreedores- ascendería a un total de 4.666 millones de euros.

Tanto el juez Pablo Ruiz como su colega Santiago Pedraz -el primero dictó el lunes el auto correspondiente y el segundo lo hizo días atrás- consideran que la fase de instrucción está ya prácticamente agotada. De hecho, básicamente solo quedan por ratificar parte de los informes periciales y recibir algunos de los datos que requirieron tiempo atrás (vía comisión rogatoria) a las autoridades judiciales competentes de hasta 11 países y/o territorios: Suiza, Holanda, Estados Unidos, Francia, Andorra, Italia, Reino Unido, Mónaco, Bahamas, Islas Vírgenes y Gibraltar. Y es que entre las semejanzas de ambos casos destaca el hecho de que sus principales responsables establecieron un complejo circuito de carrusel financiero para ocultar, supuestamente con fines delictivos, buena parte del dinero y patrimonio real de dichas sociedades.

En busca del dinero

Esta operativa hizo que los instructores de los dos casos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, les imputaran (en función de su grado de responsabilidad, desde altos directivos hasta mediadores e incluso testaferros) media decena de delitos, que ahora consideran continuados (y, por lo tanto, merecedores de penas y multas mayores en caso de ser condenados): estafa, falsedad en documento privado, insolvencia punible, administración desleal y blanqueo de capitales, así como distintos fraudes contra la Hacienda Pública. La principal dificultad ha sido localizar precisamente el capital oculto en el extranjero, que debería servir para sufragar parte de los daños provocados a los 480.000 inversores que quedaron en la estacada. En los procesos concursales abiertos solo se ha podido ofrecer la recuperación de entre un 25% y un 30% de las cantidades que depositaron durante años en Fórum y Afinsa.

Los afectados ya vieron como en diciembre de 2010 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -confirmando una resolución anterior de la Audiencia Nacional- eximió al Estado de cualquier responsabilidad patrimonial en estos casos, al considerar que la Administración no podía controlar la actividad de unas empresas que ofrecían rentabilidades muy altas y prácticamente fuera de mercado por sus productos (sellos), algo casi sin parangón en otros países. No obstante, pretenden insistir en su reclamación durante el proceso penal (de cara a los juicios que podrían celebrarse en el primer semestre de 2014) porque el Banco de España reconoció en 1993 que había empresas filatélicas que operaban como entidades financieras sin control oficial, lo cual podría haber constituido una estafa.