'Afectados por la Hipoteca' celebra un nuevo aplazamiento

Durante la mañana de ayer, el colectivo chiclanero de Afectados por la Hipoteca se concentró a las puertas de la vivienda de María Cabeza de Vaca, en el número 15 de la calle Sorpresa, para celebrar el resultado de una semana de acciones para paralizar el segundo intento de desahucio de esta chiclanera y sus dos hijos menores.

Aunque conocieron la noticia del aplazamiento el mismo viernes, después de haber insistido en las propias oficinas de Banesto durante algunos días, no fue hasta ayer mismo cuando recibieron la notificación del Juzgado de Chiclana en la que figuraba por escrito la decisión. Sin embargo, tal como mostró el presidente del colectivo, Juan José Sánchez Romero, a diferencia de la orden de lanzamiento «el documento no contiene firma alguna que le de validez y a nosotros seguridad de que no vendrán». Y añadió que pese a que insistieron en obtenerla antes de salir del juzgado «nos dijeron que el juez ahora estaba muy ocupado y no podía pararse a firmarnos el documento».

El temor de la familia y los miembros del colectivo que la acompañaron toda la mañana es que se diera el caso de lo que ya ha ocurrido en otros lugares. «Sabemos, a través de la plataforma, que en Murcia una familia que tenía la notificación de aplazamiento sin firmar fue desahuciada cuando llegó la comitiva judicial después de la hora prevista e incluso les cambiaron las cerraduras allí mismo», explicó Sánchez.

Pese a ello, no presenciaron ningún contratiempo a lo largo del día y la propia María afirmaba sentirse «con muchas más fuerzas» que en el primer intento de desahucio a finales de octubre. La afectada resaltó que con las novedades de los últimos meses ahora s encuentran «algo más respaldados y sabemos que tenemos razones para luchar».

Sin embargo, las medidas adoptadas tanto por el Gobierno central, como por la Junta de Andalucía no sirvieron para aliviar el caso de María Cabeza de Vaca, ya que este último intento de desahucio fue tramitado por la vía de ejecución de títulos no judiciales, no contemplada en ninguno de los dos decretos mencionados anteriormente y que, a pesar de ello, supone el mismo resultado que un proceso de ejecución hipotecaria, el más común entre los casos que se dan.