Un plan para capear el temporal

El Gobierno de Mariano Rajoy se resiste a acatar algunas de las recomendaciones de la Comisión Europea. Y, en medio de un chaparrón de predicciones negativas para el futuro -las últimas publicadas por el FMI, que avisa de que el paro llegará al 27% y de que la recesión puede alargarse a 2014-, busca vías para capear el temporal y superar este año difícil sin tener que aplicar medidas tan expeditivas como las aprobadas para 2012 y 2013.

De ahí que el Plan Nacional de Reformas que aprobará el Consejo de Ministros el 26 de abril para su remisión a Bruselas junto al Programa de Estabilidad, eludirá algunas reformas sugeridas por organismos y expertos porque agravarían la ya difícil situación de muchos españoles y tendrían un coste político considerable. La Comisión Europea ha 'recomendado' a España cambios de gran calado a cambio de más tiempo para culminar el programa de reducción del déficit. En concreto, una subida efectiva del IVA -mediante la reclasificación de productos ahora sujetos al tipo reducido del 10% para ser gravados por el general del 21%-, cambios en el sistema de pensiones y un endurecimiento de la reforma laboral. Peticiones que coinciden con las formuladas por la OCDE.

El plan del Gobierno pasa por cumplir solo parte de ese guión, con la esperanza de que Bruselas se conforme y acceda en mayo a relajar el calendario de consolidación fiscal. En materia de impuestos, el Ejecutivo ha expresado que no piensa aplicar subidas sustanciales en las principales figuras (IRPF e IVA). Y lo ha hecho esta vez sin la ambigüedad calculada de otras ocasiones. «No van a subir los impuestos en España» y no habrá «reclasificación de los productos» sujetos a IVA reducido porque afectaría a sectores clave en este momento como el turismo y el transporte y dañaría la competitividad, subrayó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La contención a la hora de aumentar los tributos contrasta con la imperiosa necesidad de mejorar los ingresos para atacar el déficit. Pero hay una explicación: en el gabinete ha calado la idea de que, en medio de esta recesión, otro incremento fiscal sustancial sería la puntilla para el consumo y la actividad. En los últimos meses Rajoy se ha distanciado de su inicial defensa germánica de la austeridad y para acercarse, en algunas de sus intervenciones públicas, a la doctrina de que hay que conjugar ahorro y eficiencia en el gasto con estímulos al crecimiento y al emprendimiento o no habrá salida a la crisis. Y las medidas que prepara van en esa dirección.

Los pilares

Reforma energética, cambios en el sistema de pensiones, estímulos fiscales a la contratación, al emprendimiento y a la creación de nuevas empresas son junto con medidas para unificar el mercado interior los pilares de un plan que -salvo sorpresas de última hora- se asemejará a una batería de enunciados e intenciones de poco calado práctico. Algunas, incluso, ya anunciadas.

También existe una motivación para esa falta de contundencia. La cruda realidad es que el Estado no tiene dinero para activar estímulos ambiciosos a la actividad. Por eso las políticas del Gobierno van en la dirección de retocar la política fiscal mediante bonificaciones y que sea el sector privado el que 'descubra' los beneficios de emprender y de dar trabajo a los jóvenes.

Fuentes de Hacienda han explicado que, sobre la mesa, hay iniciativas para «estimular la creación de empresas y autónomos». Con carácter general, coinciden con las esbozadas por Rajoy en el Debate sobre el estado de la Nación: una fiscalidad especial para los llamados 'business angels' (personas que deciden invertir dinero en una empresa nueva que genere empleo), deducciones por I+D y por reinversión de beneficios. Esas reformas, que se incluirán en la futura ley de emprendedores, se sumarán a las bonificaciones y rebajas fiscales ya anunciadas para autónomos en el decreto de medidas de apoyo al emprendedor aprobado en marzo.

Jubilación

En materia de pensiones, el Gobierno prepara una reforma del sistema que se realizará mediante la introducción del llamado factor de sostenibilidad, que vinculará la evolución de las prestaciones -podría ser una adecuación de su cuantía o la edad de retiro- a la esperanza de vida. En el capítulo de Empleo, habrá cambios relacionados con las políticas activas y no se descartan retoques en la reforma laboral.

La energía será otro tema de peso. En ese campo, la idea es que hay que reformar el mercado mayorista de electricidad porque los precios transmiten señales incorrectas respecto a la evolución de los costes. Si no se toman medidas, su configuración actual disparará el déficit de tarifa.

En el sector financiero se promoverán actuaciones para reactivar el crédito a las pymes. El Gobierno puede hacerlo de forma directa, mediante una imposición a las entidades nacionalizadas, o indirecta, a través de estímulos, al resto del sector.

Acompañará al plan de reformas un nuevo cuadro de previsiones macroeconómicas que sustituirá al anterior. Esa revisión será la admisión tácita de que se pecó de optimista al prever una caída del PIB de sólo el 0,5% en 2013. El ministro de Economía ya avanzó que las nuevas proyecciones serán «conservadoras».