Los consumidores rechazan el trato dado a los suscriptores de preferentes

Las asociaciones de consumidores han criticado con dureza las condiciones del arbitraje al que pueden acudir los suscriptores de participaciones preferentes de cajas nacionalizadas que aspiran a recuperar su inversión. Alguna como la OCU, no obstante, aconseja acudir a este procedimiento, al que considera «un mal menor», para, en caso de rechazo, intentar después la vía judicial individual. Lo que no es óbice para que esta institución estudie la posibilidad de «iniciar acciones penales contra todos los responsables públicos y privados que han tenido una responsabilidad directa en la comercialización» a los ahorradores de estos productos complejos.

La censura de las agrupaciones de usuarios se vuelca en lo que consideran el carácter «restrictivo, ambiguo y mejorable» del procedimiento establecido. La Asociación General de Consumidores (Asgeco Confederación) calcula que apenas el 15% de los afectados por las preferentes van a resolver su situación mediante un laudo. Sospechan que los criterios determinados otorgan preferencia a las cantidades pequeñas para «agrandar el efecto».

Es generalizada la crítica por «falta de transparencia» en la determinación de los criterios. La Confederación de Consumidores y Usuarios se queja de haberse enterado por el Boletín Oficial del Estado de que tenía un puesto en la comisión de preferentes. Ni hubo el trámite de audiencia previo que permite profundizar en la materia, ni tiempo para elegir un representante de acuerdo con el procedimiento habitual, lamenta. Menos satisface a estas organizaciones que las decisiones se adopten «en ausencia del afectado»,y a través de un sistema «meramente escrito», lo que impide a la persona encargada del arbitraje evaluar directamente las circunstancias personales de quien suscribió estos productos de inversión.

En BFA-Bankia, el procedimiento de arbitraje arrancó ayer. Se trata de la mejor opción para quienes pretenden minimizar pérdidas, sobre todo tras conocer los porcentajes de 'penalización' que se van a aplicar a cada emisión de preferentes o deuda subordinada de las distintas entidades integradas en el grupo mediante quita directa y en la resolución del canje obligatorio.

Acudir al procedimiento arbitral no supone, de entrada, renunciar al judicial. También en este caso hay precedentes de pronunciamientos a favor del cliente. Un juzgado de Madrid acaba de declarar nulo el contrato de compra de preferentes por importe de 37.000 euros de unos demandantes que carecían de conocimientos financieros y no recibieron la infomación adecuada por parte de Bankia. Pero acudir a los tribunales es costoso y mucho más lento.

Compatible

En el procedimiento de arbitraje de consumo se establece un periodo máximo de seis meses, no existen tasas ni se requiere la asistencia letrada o de procurador. También resulta más accesible, puesto que los reclamantes pueden presentar su solicitud de arbitraje, antes del 30 de junio, ante la oficina de Bankia -la misma en la compraron las participaciones-, que se encargará de llevar a cabo las notificaciones.

La auditora KPMG examinará entonces la documentación, y el interesado recibirá información del importe máximo por el que las partes van a acudir al arbitraje. Tras conocer el máximo de recuperación posible, el consumidor podrá decidir si sigue adelante o acude a la vía judicial. Es en este momento, sobre todo, donde las organizaciones de usuarios aconsejan acudir a un asesoramiento externo. La OCU ha puesto el teléfono 900 902 595 a disposición de los afectados. Asgeco dará respuesta a las consultas en el número 91 032 386.