El Ayuntamiento pretende crear un fondo social de pisos ante la crisis

Más allá de las previsiones, de los diferentes índices económicos, primas de riesgo u organismos europeos. Más allá del contagio bursátil, de intereses de deuda o de venta de capitales. Detrás de todo ese lenguaje que desorienta, existe una realidad que marca que la crisis está lejos de superarse y que por ello se precisan soluciones inmediatas.

Y para darse cuenta de ello no hay más que percatarse de los datos de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, los ayuntamientos. En el caso de San Fernando, cada vez son más las familias que llaman a su puerta en busca de ayudas para un alivio económico. Ahí están las cifras. Este año la Delegación de Servicios Sociales ha tenido que invertir medio millón más en prestaciones que en el 2007. Ya son más de 14.600 los desempleados que tiene una localidad de 100.000 habitantes y de ellos casi la mitad llevan más de un año buscando empleo, agotando tanto el paro como el resto de subvenciones. Ante esta situación, los desahucios y desalojos se han multiplicado por lo que el Consistorio ha decidido actuar.

Su intención es crear un Fondo Social de Viviendas que den cobijo a aquellas familias isleñas que peor lo estén pasando por consecuencia de la crisis. Para ello estudia la posibilidad de adherirse al convenio firmado por el Gobierno de España, la Federación Española de Municipios y Provincia, el Banco de España, y todas las entidades del sector financiero para catalogar una serie de pisos que se destinarían a este fin.

Un alquiler social

Es decir, que el Consistorio tendría acceso a viviendas que comprometen las distintas entidades financieras para su puesta en disposición en alquiler, a las personas que se han visto desalojadas de su residencia habitual por ejecución hipotecaria, siempre que cumplan los requisitos establecidos sobre limitación de ingresos y circunstancias familiares. En este sentido, la función municipal sería la de colaborar a través del compromiso de informar y asesorar a los solicitantes sobre los requisitos, condiciones del contrato y la tramitación, emitir informes de valoración sobre las circunstancias personales, evaluar las solicitudes y difundir en su territorio este convenio.

Una propuesta que el Gobierno local elevará al próximo Pleno municipal y con la que se pretende dar respuesta a una necesidad cada vez más acentuada, la de alquileres sociales. Y es que el Ayuntamiento cuenta con un problema, la falta de pisos para destinar a este cometido. Hace años que la Empresa Municipal de Suelo (Esisa) no construye un edificio y parece complicado que pueda hacerlo en los próximos meses, debido a los problemas de financiación. De hecho, la ciudad cuenta con un registro de viviendas de más de 3.000 personas, sin que hasta el momento se haya entregado ni una.

Por ello, ésta se presenta como la mejor opción, si bien, en La Isla no ocurre como en otros municipios y no existe una gran cantidad de pisos en posesión de los bancos, al menos que cumplan los requisitos que se exponen en el convenio: hallarse en condiciones adecuadas para su uso inmediato y sin la necesidad de que un potencial arrendatario acometa ninguna inversión previa sobre la vivienda.

La duración del contrato será de dos años, con posibilidad de un tercero. La renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 euros y un máximo de 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. De esta manera, la familia que entre a ocupar la residencia tendrá que comprometerse a entregarla en las mismas condiciones en las que las recibió. Ahora habrá que ver qué número de viviendas son las que se ponen a disposición del Ayuntamiento.