Gobierno y Casa Real, a punto de cerrar el acuerdo sobre transparencia
El Ejecutivo de Rajoy, sin embargo, no ve razonable incluir en la norma a la Iglesia Católica pese a su importante financiación pública
Actualizado:Las negociaciones entre el Gobierno y la Casa Real para la inclusión de la Jefatura del Estado en la futura ley de transparencia están en la recta final. La vicepresidenta del Gobierno destacó «la buena predisposición» de la Corona y desveló que los contactos entre la Moncloa y la Zarzuela «están prácticamente terminados» y en breve se informará a los grupos parlamentarios del contenido de la negociación para intentar llegar al máximo consenso en la regulación legal. Soraya Sáenz de Santamaría desmintió, no obstante, de forma categórica que las conversaciones con la Casa del Rey incluyan el desarrollo de la ley orgánica -contemplada en la Constitución- que abordaría aspectos concretos del funcionamiento de la institución como la abdicación del Rey o el aforamiento de los miembros de la Casa Real.
Sin entrar en detalles, aseguró que la Casa Real, las administraciones y todas las instituciones que se financian básicamente con dinero público pasarán «de cero a cien» en materia de transparencia con la norma que el Parlamento debería aprobar este año y que, indicó, será la más avanzada de la Unión Europea.
La ley no solo obliga a publicitar toda la actividad oficial -organigramas, subvenciones, contratos, agendas, convenios, incompatibilidades, sueldos, dietas, o bienes- en internet sino que permitirá a los ciudadanos pedir información y establecerá un régimen sancionador para el cargo público o funcionario que dilapide o manipule el presupuesto, que incluye cárcel o la imposibilidad de ir en listas electorales incluidas, así como límites salariales para los alcaldes. La vicepresidenta admitió que se trata de una norma «muy compleja» jurídicamente y que, en el caso de la Corona, «se está buscando el mejor encaje posible». Dio por hecho que la norma desvelará todos los gastos de la institución pagados por el Gobierno, como los de personal de la Zarzuela, pero no aclaró si incluirá también los fondos que administra el Rey, que cuentan con otro estatus constitucional.
El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, la persona a la que el Gobierno encargó el informe sobre medidas para la regeneración democrática y uno de los padres del proyecto de ley de transparencia, compareció también ayer en el Congreso para contestar como experto a los diputados que elaboran la norma.
Pendás, que asesora al Ejecutivo en sus conversaciones con la Casa Real, aseguró que la Corona tiene «una excelente disposición a incorporarse en términos sensatos» a las obligaciones de la norma, pero tampoco desveló la letra pequeña.
«Más allá de lo razonable»
El jurista dio por hecho que entre los datos que se darán a conocer con la ley están todos los gastos ministeriales destinados al funcionamiento de la Casa Real, coste de los viajes, del parque móvil, de dispositivos de seguridad y de la Guardia Real, del personal, o de los inmuebles atendidos por Patrimonio Nacional, pero no aclaró si también incluirán el detalle del patrimonio y bienes del Rey y su familia o el destino que el Monarca da a la asignación pública que distribuye libremente para la gestión de su casa, que incluye, entre otros, los fondos que reciben la Reina, la princesa Letizia o las infantas. La obligación o no de publicidad de este tipo de partidas, que es reclamada por el PSOE y otros grupos de la oposición, es uno de los temas que aún está en discusión y en estudio.
Pendás, en respuesta también a preguntas de PSOE e IU, no se mostró partidario de incluir a la Iglesia Católica entre las instituciones sujetas a las obligaciones de transparencia. En opinión del experto, aunque el objetivo de la norma, la transparencia de las administraciones públicas, se vaya a ampliar a partidos, sindicatos, patronal, y otras entidades que «se financien esencialmente con fondos públicos», incluir a la Conferencia Episcopal «va más allá de lo razonable» y del «espíritu» de la ley aunque reciba una importante subvención presupuestaria.
De hecho, advirtió a los diputados de la Comisión Constitucional sobre el peligro de extender la lista de los sujetos afectados por la ley más allá de los ya citados porque existe un «riesgo de hipertrofia» y de que hacer una norma «universal» y poco operativa.
El experto gubernamental también avisó de que quizás no sea posible regular las obligaciones de publicidad de los partidos en la ley de transparencia por tratarse de asociaciones privadas que despliegan un derecho fundamental, cuyo desarrollo exige de una ley orgánica y no una ordinaria.