Nuevos filtros para las ayudas públicas

Han pagado justos por pecadores, pero los tres últimos años del plan de Reindustrialización de la provincia, conocido coloquialmente como 'plan Reindus', han dado mucho de que hablar. En la primavera de 2011, el Ministerio de Hacienda destapó en Cádiz uno de los mayores fraudes cometidos a través de ayudas públicas. El empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña se embolsó 21 millones de euros con cargo a este plan para desarrollar en la provincia tres proyectos empresariales que nunca inició. El 'caso Ouviña' puso de manifiesto que las ayudas públicas que se concedían por medio del 'Reindus' no gozaban de todos los controles. La Justicia investiga ahora la relación entre Ouviña y los responsables políticos del Plan Bahía y de la Diputación, entonces en manos del PSOE. Ambas elevaban al Ministerio los informes sobre los adjudicatarios de las subvenciones públicas. La llegada del PP puso orden a este comportamiento, pero ha sido ahora, con la nueva convocatoria de ayudas para 2013, cuando la Dirección General de Industria ha tomado cartas en el asunto y ha endurecido aún más las condiciones para otorgar este tipo de ayudas. Así, una de las medidas impuestas es la solicitud de un aval bancario a los empresarios que opten a estas ayudas públicas. La cantidad avalada será entre el 10% y el 25% del importe de la ayuda solicitada. De esta forma, Industria quiere evitar más fraudes como el de Ouviña. Los empresarios gaditanos ya mostraron en 2008 su rechazo a la exigencia del aval bancario, debido al coste y al retraso que suponía este trámite. El PSOE entonces eliminó este papeleo y dejó abierta la puerta a situaciones como la generada por Ouviña. Además, apartir de ahora será el Gobierno de la Nación el que supervise en exclusiva el reparto de estos préstamos.