3.610 firmas por un transporte público hacia las prisiones

Que el Ayuntamiento se implique en la dotación de un transporte público que vaya a los centros penitenciarios. Este es el objetivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, que ha presentado en el Registro Municipal un total de 3.610 firmas a favor de esta medida. De momento, la Junta ha dado un paso adelante para dar cobertura a los familiares y allegados de los alrededor de 3.000 internos que cumplen condena en El Puerto.

No todos cuentan con medios suficientes como para acudir a las visitas. Es más, se trata en su inmensa mayoría de personas con escasos recursos que incluso llegan a perder la oportunidad de hacer un 'bis a bis' con sus seres queridos por no poder desplazarse hasta el El Puerto. De ahí que al menos puedan contar con un transporte público en la provincia.

La asociación ya ha mantenido contactos con el delegado territorial de Fomento, Manuel Cárdenas, y con el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Una de las posibles soluciones que se barajan es que los autobuses de línea regular que van hacia Rota y Sanlúcar se desvíen hacia las cárceles en días y horas puntuales, sobre todo los fines de semana que es cuando más visitas hay.

Según Rafael Lara, portavoz de la entidad, el Ayuntamiento portuense les ha respondido que hace varios años sí tuvieron líneas especiales hacia las prisiones, pero que decidieron su suspensión ante su escaso uso. Una explicación que no ha convencido a la APDH, aliada para esta reivindicación con la Pastoral penitenciaria. «Estamos convencidos de que los dirigentes municipales nos recibirán y se abrirá una negociación. Nosotros estamos recabando información sobre el número de visitas, que son varios centenares entre el sábado y el domingo y confiamos en que el Ayuntamiento de El Puerto responda a la petición de más de tres mil personas y que nos reciba, porque es el único de este entorno que parece no querer reunirse con nosotros». Lara detalló que las firmas no sólo pertenecen a familiares, amigos y a los propios reclusos, sino también a personas que se han solidarizado con la causa y han querido apoyarla.

De momento lo que ya existe es un principio de acuerdo con la delegación Territorial de Fomento, cuyo responsable, Manuel Cárdenas, se ha comprometido a buscar una solución para atender a personas desfavorecidas que al drama de tener a un familiar en la cárcel, le suman no contar con recursos suficientes como para visitarlos.