El presidente de Pescanova vendió con sigilo la mitad de sus acciones antes de la suspensión

El folletín en que se ha convertido el devenir de Pescanova en las últimas semanas firmó ayer un nuevo capítulo. Apenas unas horas antes de que expirase el último plazo dado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la presentación de las cuentas de 2012, y con una investigación ya abierta por posible «abuso de mercado» -por posibles ventas interesadas de acciones en los días previas a la suspensión de cotización, el pasado 12 de marzo-, el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa-Faro, admitió que en las semanas previas a esa paralización bursátil vendió hasta la mitad de sus acciones, es decir, el 7% del capital.

La enajenación de ese importante paquete de títulos -el segundo accionista, la cervecera Damm, solo llega al 6,2%- se produjo con absoluto sigilo en los meses de diciembre, enero y febrero. Ni siquiera informó al regulador pese a que los titulares de participaciones relevantes en las sociedades cotizadas -como en su caso, al tratarse del primer socio, condición que mantiene con su 7,45% restante- están obligados a comunicar cualquier cambio al respecto.

Pero no fue hasta ayer cuando lo declaró a la CNMV -sin tampoco prodigarse en demasiados detalles-, lamentando incluso que aquellas ventas le hubieran generado «importantes pérdidas». No obstante, fuentes del mercado estiman que pudo ingresar alrededor de 30 millones de euros con el traspaso de sus títulos, puesto que el valor de la acción en esos tres meses osciló entre 13,66 (principios de diciembre) y los 17,40 euros (finales de febrero), es decir, entre 2,3 y 3 veces más que la cifra en que ha quedado congelada (5,91 euros), dejando con ello atrapados a cientos de pequeños accionistas.

La versión de Fernández de Sousa-Faro, que deberá verificar ahora el regulador para decidir si le abre un expediente sancionador por posible uso de información privilegiada que desconocían el resto de socios, añade un elemento más algo rocambolesco. Sostiene que el dinero que obtuvo -él habla de «patrimonio»- con esas operaciones -la venta de 1,98 millones de títulos mediante sus sociedades Inverpesca y Desarrollo y Control- lo puso «a disposición» de la propia Pescanova en forma de préstamos a principios de febrero -no especifica en qué condiciones-, a fin de «resolver problemas urgentes de liquidez» que ya se están acusando.

Pendientes de la CNMV

No será esa la única decisión que deba tomar la Comisión a corto plazo, dado que aunque los responsables de Pescanova tenían previsto mandarle el balance contable de 2012 antes de la medianoche pasada, parece poco probable que haya sido firmado por todos los miembros del consejo, como exige el regulador. Y es que ya en la última reunión del órgano de administración quedó patente la división existente en su seno: siete consejeros (incluido el presidente) apoyan la postura oficialista, tachada de «huida hacia delante» por los cinco opositores (con el presidente de Damm, Demetrio Carceller, a la cabeza).

De allí, el pasado día 4, salieron dos decisiones. La primera, presentar el concurso voluntario de acreedores, se materializó ayer en los juzgados de lo mercantil de Pontevedra. Una vez se admita y nombre un administrador judicial, se intentará llegar a un nuevo acuerdo con los acreedores. La deuda reconocida es de 1.600 millones de euros, pero con la oculta superaría los 2.700 millones. Eso es lo que tenía que haber aclarado el anterior auditor, BDO, quien además de no ver causa legal para su revocación -segunda decisión de un consejo que podría quedar anulado al reducirse antes el peso social de Fernández de Sousa- ha revelado que la empresa fue eludiendo darle información valiosa para su labor.