Se estrecha el cerco sobre las preferentes

Se estrecha el cerco sobre las participaciones preferentes, un producto financiero que ya centraba infinidad de demandas civiles pero que ya invaden la competencia de lo penal. El informe secreto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desvelado el pasado jueves, en el que se reconocía la existencia de prácticas ilegales por parte de diversas entidades financieras (fundamentalmente Caja Madrid, Bancaja y posteriormente Bankia-BFA) en torno a estos productos, ha servido de base a partidos políticos, consumidores y otras plataformas de afectados para la presentación de una batería de demandas.

La última querella la ha interpuesto ante la Audiencia Nacional la formación política UPyD, que apunta a estas entidades y a cinco responsables directos de la comercialización de estos productos. Pero también al antiguo presidente de la CNMV, Julio Segura y al exgobernador del Banco de España (BE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez. A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal, y maquinación para alterar el precio de las cosas.

UPyD acusa a las cajas de diseñar y comercializar participaciones preferentes, “conscientes de que se trataba de un producto tóxico”. A Segura y Fernández Ordóñez, como máximos responsables de la CNMV y el BE, les asigna el papel de “cooperadores necesarios, que autorizaron y encubrieron la trama delictiva”.

La querella de la formación política no solo apunta a presunta ilegalidad en la comercialización de las preferentes, sino que añade una nueva perspectiva al caso: la inexistencia de un verdadero mercado que sirva de intercambio para este tipo de productos. Según se apunta en el escrito de la querella, tanto Caja Madrid y Bancaja, como posteriormente Bankia, “aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF, de funcionamiento descentralizado, para crear un mercado interno ficticio, en el que manipularon de forma continuada los precios de cotización para mantenerlos artificialmente altos, a fin de aparentar que la cotización de estos productos era estable y tenían liquidez”.

“Hay una enorme opacidad y complicidad política que ha hecho posible que esto suceda sin que nadie haya pagado por ello”, ha subrayado la portavoz de Unión Progreso y Democracia, UPyD, Rosa Díez, que ha presentado la querella junto al asesor jurídico del partido, Andrés Herzog. Díez ha apuntado directamente a los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, quienes “juntos, y en compañía de otros -en alusión a otras formaciones políticas como Izquierda Unida, o los sindicatos- han posibilitado que todo este entramado fraudulento se haya producido”.

El mismo día en que se conoció la existencia del documento secreto de la CNMV se presentaron dos querellas y una demanda civil. Y este lunes, además de la de UPyD, se ha interpuesto otra por parte del despacho de abogados Jausas, que representa a un grupo de afectados por preferentes de Caja Madrid. Mañana martes está previsto que la asociación de consumidores Adicae presente en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla una demanda colectiva contra Bankia, que agrupa a unos 2.500 afectados, y en la que “además de denunciar el engaño masivo que supuso la venta de estos productos, solicita la devolución íntegra de los ahorros para todos los afectados”.

En manos del juez

Las actuaciones en la vía penal se completarán con las diligencias que abrirá la Fiscalía Anticorrupción y que, según Eduardo Torres-Dulce, no estarán "en principio" dentro de la causa de Bankia. Si el Ministerio Público observa indicios de delito en la actuación de Bankia deberá poner el asunto en manos de un juez, aunque también tendrá que cesar en sus investigaciones si antes la Audiencia Nacional admite a trámite alguna de las querellas anunciadas.

El supuesto perjuicio causado por la entidad a algunos de sus clientes también será objeto de demandas civiles, como la que prepara el bufete Zunzunegui Abogados, que se basa en el informe de la CNMV para calcular que los compradores de estos títulos pagaron un sobreprecio de entre 206 y 285 millones de euros. El despacho asegura en un comunicado que, si su demanda prospera, "los clientes podrían recuperar en algunas emisiones hasta el 75 por ciento del importe, manteniendo la propiedad del producto y las posibles acciones por una mala comercialización".