Interior generalizará las sanciones para los participantes en escraches

La decisión adoptada por la Delegación del Gobierno en Madrid de abrir expediente sancionador contra las personas que participen en escraches contra cargos políticos se extenderá al resto de España. Así lo anunció ayer el ministro del Interior tras el Consejo de Ministros. Según expuso Jorge Fernández Díaz, este tipo de concentraciones suponen actos «radicalmente antidemocráticos que atacan la inviolabilidad del domicilio y la ley de seguridad ciudadana».

El titular de Interior, preguntado por el escrache ocurrido hace una semana en el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aludió a la vulneración del derecho de reunión y de la ley de seguridad ciudadana. La primera, justificó Fernández Díaz, porque la norma obliga a que las reuniones y concentraciones con una finalidad determinada sean comunicadas a las autoridades. La segunda, porque establece como falta muy grave que no se cumpla este requisito. Según añadió el ministro, con las sanciones que ya han sido impuestas y las que se tramitarán en el futuro no se hará «nada más y nada menos que aplicar dos leyes orgánicas».

Sáenz de Santamaría hizo un llamamiento a que las discrepancias sobre la gestión del Gobierno o la suya propia se discutan en «esta sede» -en referencia al palacio de la Moncloa- o bien en «sede parlamentaria» porque, esgrimió, su casa es el ámbito donde se desarrolla su vida personal y la de su familia.

De momento, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha tramitado 26 denuncias -18 de ellas contra participantes en el escrache que sufrió la vicepresidenta- mientras que la Delegación en Aragón ha iniciado el mismo proceso para otras 51 personas que protagonizaron un acto similar frente al domicilio del diputado nacional del PP Eloy Suárez. Los expedientes serán remitidos a la Fiscalía con el fin de que este órgano valore si las acciones son constitutivas de delito. Las multas ya establecidas giran en torno a los 200 y 250 euros para los participantes pero podrán llegar hasta los 1.500 para quienes sean identificados como organizadores de la protesta.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, abogó ayer por no «criminalizar» cualquier acto de reunión en el que haya críticas, «incluso de libertad de expresión», como los escraches, pero advirtió también de que la Fiscalía no va a ser «insensible ante cualquier desbordamiento de esos derechos».

A pesar de las advertencias del Gobierno, hoy se materializaron nuevos intentos de escraches contra altos cargos del Partido Popular. Uno de ellos tuvo como objetivo la vivienda del presidente del Congreso, Jesús Posada, si bien el despliegue de un amplio cordón policial impidió a los manifestantes llegar hasta las inmediaciones del domicilio.

Críticas de la oposición

Izquierda Unida anunció ayer que solicitará que el ministro del Interior comparezca en el Congreso para dar cuenta de las sanciones impuestas a los participante en los escraches. Según denunció su diputado Gaspar Llamazares, la actitud del Ejecutivo se traduce en una «criminalización de los derechos» de los ciudadanos.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, dio una vuelta de tuerca a este tipo de situaciones y denunció a través de Facebook los «crueles y violentos escraches que desde hace años protagonizan grupos de fanáticos ante las puertas de las clínicas que, además de otras especialidades, practican legalmente las interrupciones voluntarias de embarazo».