El Parlament rechaza equiparar catalán y castellano en la enseñanza

La interlocutoria del alto tribunal catalán, que obliga a la Generalitat a introducir cambios en el modelo educativo en beneficio del castellano, recibió ayer el rechazo casi unánime de la comunidad educativa y del arco parlamentario catalán. Y es que, el sistema de inmersión lingüística, que gira en torno al catalán como única lengua de transmisión del conocimiento en la escuela, cuenta con una aceptación muy mayoritaria en Cataluña. De hecho, solo se oponen a ella el PP y Ciutadans, que tienen una representación del 15% en el Parlament y que por ejemplo ayers e quedaron solos al votar una moción, que instaba al Govern a establecer que catalán y castellano sean, por igual, lenguas vehiculares de enseñanza en las escuelas catalanas.

La defensa del catalán es un tema muy sensible en Cataluña y buena parte de la autonomía montó en cólera contra el auto del TSJC, que extiende el bilingüismo a toda la clase si un alumno lo pide, aunque no concreta el porcentaje de uso de cada lengua. Especialmente la Generalitat, que anunció que no introducirá los cambios en el modelo educativo que le pide el auto judicial. «Estoy dispuesta a correr el riesgo de que me puedan inhabilitar», señaló la consejera de Educación, Irene Rigau, consciente de los peligros que entraña no cumplir la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La consejera, que señala que las dos lenguas ya están presentes en el sistema educativo catalán, aunque de forma muy desigual, afirmó que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.

El Govern no descarta además acudir al Constitucional para defender el modelo lingüístico de la escuela catalana. «O se aplica o se recurre, y nosotros utilizamos el ordenamiento jurídico al máximo». La Generalitat, que celebró este jueves una reunión de crisis entre el presidente y varios consejeros, entiende que no debe ejecutar los fallos porque son medidas cautelares que ya están recurridas. Desde el punto de vista educativo, Rigau cree que «no es viable aplicar estas medidas porque, por un caso en particular, no se tienen en cuenta los derechos de los otros padres». Rigau cuenta con el apoyo de buena parte de la comunidad educativa, que ya ha hecho un llamamiento interno a los profesores a desobedecer al TSJC.

Cumplir la sentencia

No obstante, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, recordó al sector y a la consejera Rigau que las sentencias, como señala la Constitución, hay que cumplirlas. «No es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer», dijo el ministro. Desde el PP catalán, advirtieron que exigirán «por medios judiciales» que la Generalitat cumpla las resoluciones. «El Ejecutivo de Artur Mas incumple reiteradamente las decisiones judiciales, pero no se puede ser insumiso con la justicia ni mientras se recurre una sentencia», avisó la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho.

La batalla judicial, en cualquier caso, va para largo, ya que la plataforma que ha impulsado y asesorado a las familias que han pedido la escolarización en castellano en los tribunales señala que hay 112 procesos abiertos y 1.200 solicitudes en vía administrativa. La guerra política también se prolongará pues la Generalitat se opone a la nueva ley de Educación que prepara el ministro Wert.