Confirman la retirada del pasaporte al extesorero

La Audiencia Nacional confirmó ayer las medidas cautelares que el juez Pablo Ruz impuso el pasado 25 de febrero al extesorero del PP Luis Bárcenas a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Fueron la retirada del pasaporte por el riesgo de fuga y la comparecencia quincenal en su juzgado.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechazó el recurso presentado por la defensa del extesorero, consideró que las medidas eran razonables y recordó que «ninguna resolución judicial ha apreciado» la posibilidad de que los delitos que se le imputan hayan prescrito», en referencia al blanqueo de capitales, cohecho y fraude fiscal.

La resolución de la magistrada Paloma González descartó así el argumento presentado por la defensa de Bárcenas, que esgrimió que a su cliente nunca se le habían impuesto medidas cautelares desde que comenzó a ser investigado en febrero de 2009. Asimismo, señaló que sería «insólito» que «iniciada una causa e imputado un presunto responsable por un hecho, más adelante la imputación fuera distinta». De igual modo, afirmó que los delitos fiscales que se le atribuyen están avalados por la comisión rogatoria enviada por Suiza, que reveló que tenía «una importante suma de dinero en cuentas no declaradas fiscalmente en España».

Con respecto al delito de cohecho, el tribunal señaló que está fundamentado a partir de un supuesto cobro de 72.000 euros que percibió como senador en 2007, las declaraciones de otros imputados y determinadas conversaciones telefónicas interceptadas que constan en el procedimiento.

Finalmente, la imputación por blanqueo de capitales se justificaría, según el tribunal, a partir de la adquisición de obras de arte, la obtención de un crédito de 325.000 euros en diciembre de 2002 que fue devuelto en enero del año siguiente, su participación en el proyecto 'Twain Jones' a través de una empresa británica y su relación con la Fundación Sinequanon, que llegó a acumular 22 millones en el Dresdner Bank de Ginebra a finales de 2007.

La representación legal del extesorero defendía en su recurso que el delito fiscal correspondiente a 2002 y 2003 habría prescrito, que el de 2006 responde a una «diferencia de criterio normativo con Hacienda», y que el cohecho y el blanqueo de capitales «carecen de relevancia penal».