La Justicia vuelve a dar la razón a los padres que piden que se enseñe en castellano

El modelo de inmersión lingüística, vigente en Cataluña desde hace tres décadas y que tiene como pilar central que el catalán es la única lengua vehicular en la enseñanza, recibió ayer un nuevo revés judicial. Se trata del enésimo varapalo desde la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de 2010, que falló que el castellano también debe ser el idioma que se utilice en las aulas, no solo el catalán, para impartir las materias y en todos los niveles de la enseñanza pública y concertada.

Desde entonces, el goteo de sentencias, al calor de denuncias de varias decenas de padres que reclaman que sus hijos puedan ser escolarizados en castellano, ha sido incesante. Y en todas, los tribunales dieron la razón a los padres que pedían una enseñanza también en español. El Gobierno catalán siempre ha afirmado que esta posibilidad ya la contempla su normativa, ya que ofrece la opción de dar una atención individualizada a los alumnos, según la cual, el estudiante dispone de los materiales educativos en español y el profesor se dirige a él en este idioma, sin separarle del grupo. Esta opción, que fue elegida por solo 500 familias al principio del pasado curso y 17 en este, sobre un total de más de un millón de alumnos, recibió hace un año la reprimenda del Supremo, porque «conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos de clase por razón de su lengua habitual».

Por ello, el último revés contra el catalán y a favor del castellano a través de diez autos judiciales, insta a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat a introducir el castellano como lengua vehicular, junto al catalán, en las aulas donde esté escolarizado el alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en español. La decisión del TSJC hace referencia a diez casos concretos y por tanto el fallo obliga a impartir la enseñanza bilingüe en diez clases en total, de cinco colegios de Barcelona, tres de Tarragona y dos de Gerona. No solo los niños cuyos padres han reclamado que el castellano sea lengua vehicular recibirán enseñanza en español, sino por extensión todos sus compañeros. La resolución del TSJC, no obstante, no concreta cómo debe aplicarse este bilingüismo, ya que afirma que es potestad de la Generalitat establecer la proporcionalidad entre ambas lenguas.

Los fallos, no obstante, abren la puerta a que los padres que quieran que sus hijos aprendan las asignaturas en castellano puedan exigirlo en los tribunales y por tanto la batalla lingüística podría seguir librándose en los juzgados. Aunque una sentencia del Tribunal Supremo dejó claro en el mes de febrero pasado que el modelo de inmersión lingüística de Cataluña cuenta con el aval legal, el alto tribunal reconoció el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en castellano, lo que barrunta nuevos litigios. De ahí que la posición de la Generalitat siempre ha sido que los casos particulares no alterarán el sistema.

El Gobierno catalán, en cualquier caso, anunció que no ejecutará los autos del TSJC, porque están recurridos y cree que el Supremo acabará dándole la razón. «No es viable aplicar estas medidas porque, por un caso en particular, no se tienen en cuenta los derechos de los otros padres», dijo la consejera de Educación Irene Rigau. «No contemplamos ejecutar la resolución en los términos en los que está planteada porque confiamos en que el recurso nos será favorable, la historia nos permite pensar esto», remató.