El juez equipara el arresto del militar Jorge Bravo con el de un preso
Justifica las condiciones del internamiento del presidente de AUME para no quebrar la disciplina militar
MADRIDActualizado:El titular del Juzgado Togado Militar número 11 de Madrid ha denegado la concesión del habeas corpus (petición de declarar ante el juez por una detención arbitraria) al presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo, que está arrestado desde el pasado 2 de abril en la base San Pedro de Colmenar Viejo por unas declaraciones en dos radios en las que analizaba los recortes económicos en Defensa.
El juez togado ha asegurado que pronunciarse a favor de la libertad de Bravo, que cumple un castigo de un mes y un día, “podría poner en peligro la consecución de los objetivos que se pretenden con la ley disciplinaria” y con ello “las misiones que las Fuerzas Armadas, a tenor del artículo 8 de la Constitución Española, tienen encomendadas”.
El auto, además, ha justificado que no tener internet, no poder hacer uso del teléfono móvil, no disponer de calefacción, el control de quién llama al arrestado o a quién llama éste, la ausencia de servicio médico o los registros personales sin autorización judicial debe ser soportado por Bravo porque “una sanción de arresto” debe cumplirse “en similares términos a aquellos que se encuentran privados de libertad por la imposición de una condena penal y en Establecimientos Penitenciarios”.
Oposición
La Asociación Unificada de Militares Españoles ha rechazado “categóricamente” la equiparación del arresto militar con el cumplimiento de una pena por la comisión de un delito. “Ni lo recoge el ordenamiento vigente, ni se corresponde con la lógica de las cosas”, ha señalado el colectivo en un comunicado.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, justificó ayer en el pleno del Congreso, que el artículo 12 de la Ley de Derechos y Deberes -sobre libertad de expresión y de información- "es una muestra de la relación de especial sujeción al Estado por parte de los servidores públicos, naturalmente estrecha cuando se trata de aquellos que han elegido libre y voluntariamente la profesión de las armas".