El 'caso Pescanova' llega a los tribunales

El que ya muchos han empezado a calificar de 'caso Pescanova' ha llegado ya a los tribunales, y precisamente en la vertiente que menos se esperaba hace apenas una semana. Un grupo de accionistas minoritarios ha presentado este jueves una querella penal ante la Audiencia Nacional contra los que, según entienden ellos, serían los responsables de gran parte de la situación de presumible quiebra técnica en la que se encuentra ahora la multinacional: de un lado, los doce miembros del actual consejo de administración -con Manuel Fernández de Sousa-Faro al frente del bando mayoritario frente a sus opositores-; de otro, la que fue su auditora (BDO), despedida hace una semana; y, por último, la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La querella, que pasará ahora a manos de uno de los seis juzgados centrales de instrucción para decidir si es competente, imputa la presunta comisión de varios delitos societarios -falseamiento de cuentas anuales y administración fraudulenta o desleal, entre otros- y también otros relativos al mercado y los consumidores -como manipulación para alterar el precio de las cosas y abuso de información privilegiada-, castigados con penas de hasta seis años de prisión y fuertes indemnizaciones. En el caso del órgano regulador, se le acusa de supuesta prevaricación por no actuar con "diligencia" ni ejercer "una vigilancia concienzuda y con la determinación precisa" en aras a percibir "con prontitud la verdadera situación de la compañía". En resumen, considera que realizó su labor "tarde, de manera lenta y poco atinada", con el perjuicio consiguiente para los accionistas, sobre todo los más pequeños.

La inclusión de la CNMV, habitual en este tipo de casos con un grupo importante de pequeños afectados, persigue también otra clara finalidad: que en caso de que el caso prospere en los tribunales, se pudiera declarar en su día su responsabilidad patrimonial (y, por extensión, del Estado) derivada del posible incumplimiento de sus funciones de control y supervisión. La querella presentada por el abogado Joaquín Yvancos, quien fue letrado de José María Ruiz-Mateos durante décadas, representa a una decena de accionistas minoritarios con una media de entre 20.000 y 30.000 euros invertidos en Pescanova, aunque un camionero de Cuenca llega hasta los 400.000.

Concurso de acreedores

En los próximos días podría presentarse una querella similar por parte de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), si bien no se descarta que al final se opte por una demanda civil. A ello hay que unir el concurso de acreedores que Pescanova tiene previsto presentar ante los juzgados de lo mercantil de Pontevedra a finales de la semana próxima -que pese a ser voluntario podría terminar siendo declarado culpable si se aprecia responsabilidad en sus gestores actuales-, a la vez que sus filiales ya han empezado a pedir el preconcurso. Dicha iniciativa ha motivado que Hacienda abra una inspección sobre la situación real de sus finanzas y la deuda que arrastra con el fisco, actuación habitual en las empresas que se encuentran ante una presumible suspensión de pagos y/o quiebra técnica.

Mientras, la CNMV está a la espera de que el próximo lunes -último día del plazo que dio para ello- la compañía le entregue las cuentas anuales de 2012, aunque no estarán auditadas. Sí tendrían que ser firmadas antes por todos los consejeros, según la normativa del regulador, algo improbable dado que Pescanova no tiene previsto convocar a su órgano de administración antes de esa fecha. El grupo de 45 bancos acreedores están a la espera de lo que ocurra -la Comisión podría abrir un expediente sancionador contra el consejo- para decidir si concede nuevos créditos (por un montante de entre 55 y 60 millones de euros) para solventar los "serios" problemas de liquidez del grupo, tanto de la matriz como de las filiales donde ya se reconocen "tensiones de tesorería" que incluso dificultan la salida de parte de su flota para faenar.