Investigan la inclusión de 31 'intrusos' en el ERE de la base aérea de Morón

El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla tiene abierta una causa por el intento de incluir a 31 'intrusos' en el expediente de regulación de empleo ( ERE ) promovido en 2010 en los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera, y ha pedido al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que examine los casos de dos de los trabajadores plenamente afectados por dicho ERE y resuelva «si se aprecian irregularidades en el cobro de prestaciones» por parte de los mismos, según informa Europa Press. Este ERE contemplaba inicialmente 150 despidos, aunque el número final de afectados se redujo a 119 al censurar la Inspección de Trabajo la inclusión de 31 empleados que ya habían causado baja en la empresa.

A través de una providencia fechada el 18 de febrero, la citada instancia judicial expone al Servicio Público de Empleo Estatal los casos concretos de dos trabajadores afectados por dicho expediente de regulación de empleo y, según fuentes judiciales, pide a este organismo estatal, textualmente, que determine «si se aprecian irregularidades en el cobro de prestaciones» en tales casos.

'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), adjudicataria de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, impulsó en 2010 un ERE «por causas organizativas» para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la correspondiente negociación, el 24 de noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir. Actualmente, la plantilla teme una nueva reestructuración para extinguir más de 140 puestos.

El Juzgado investiga una denuncia formulada por varios extrabajadores de la base aérea que entienden que todos los hechos sugieren «indicios» de fraude en el caso de las partes firmantes del ERE , prevaricación por parte de la delegada provincial de la Consejería de Empleo y «financiación ilegal y tráfico de influencias» por parte del alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, y la comisión ejecutiva de la agrupación socialista de dicho municipio. Atribuye al alcalde de Alcalá el papel de «mediador en la sombra» en la negociación de este ERE al haber participado en «reuniones sin que se conozca quién le designa como tal». Añade que el exconcejal socialista Francisco García Jiménez «renunció a sus cargos» y se reincorporó a 'VBR', donde gozaba de una excedencia, el 13 de septiembre de 2010, «una semana después de que fuese elaborada la lista (de trabajadores afectados por el ERE ) y dos semanas antes de que se solicitara el expediente».