El Gobierno rechaza que las CC AA den su propia solución a los desahucios
Alberto Ruiz-Gallardón recuerda que el Congreso está tramitando una "respuesta de carácter nacional que afecte a todos los españoles por igual"
SEVILLAActualizado:El Gobierno considera que la respuesta al problema de los desahucios debe ser común para el conjunto de los españoles, "al margen de la comunidad en la que vivan", según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha anunciado que estudiará "el encaje legal" de las medidas anunciadas por Andalucía. "No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo", ha dicho Ruiz-Gallardón en los pasillos del Congreso.
El ministro ha afirmado que se estudiarán "los hipotéticos efectos" del decreto ley anunciado por la Junta de Andalucía, que pretende sancionar a bancos e inmobiliarias que no alquilen viviendas vacías e incluso contempla la expropiación de viviendas para las familias sin recursos. Ruiz-Gallardón ha defendido que la "respuesta tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que vivan".
A ese respecto ha recordado que el Congreso está tramitando una "respuesta de carácter nacional que afecte a todos los españoles por igual" y ha insistido en que "todos los españoles tienen que tener los mismos derechos y, por lo tanto, la respuesta que se dé a un problema nacional tiene que ser una respuesta nacional".
Estudio
También ha recalcado que el Congreso está "dando respuestas a un problema que viene de antiguo, pero que afecta a muchos españoles y que se ha agravado como consecuencia de una situación económica", y que las medidas que se adopten tienen que tener una "cobertura legal, con leyes aprobadas en el Congreso y en el Senado".
Ha apuntado que hasta que la medida del Ejecutivo andaluz no esté "formalmente aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Andalucía", el Gobierno tendrá hacia ella una "actitud de estudio", y se ha comprometido a comunicar sus "decisiones sobre la propuesta de la Junta de Andalucía, cuando tenga realizados los estudios y los informes".
La respuesta de Zoido
Por su parte, el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, alerta sobre la "inseguridad jurídica" del decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas". Zoido se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Televisión en la que ha reprochado a la Junta su afán por "manipular" y por "ir a buscar un titular" con esta medida que supone "romper con los consensos" desde el principio y hacer "difícil" la resolución de un problema por las "dudas jurídicas" que plantea el nuevo texto del Gobierno autonómico.
En esta línea, ha acusado al PSOE-A de ser "víctima, una vez más, de las presiones de IULV-CA" y ha asegurado que, si la formación de izquierdas no estuviera en el Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no hubiera permitido una normativa autonómica como ésta que "lo único que pretende es buscar un titular" y que no se va a traducir, según ha augurado, "en ninguna medida real para las personas que las necesitan". "Y si no, vengamos aquí dentro de seis, ocho meses o un año y hablemos otra vez de estas medidas que dicen ser innovadoras y revolucionarias y vemos en qué se han traducido", ha propuesto como desafío.
El también alcalde de Sevilla, que ha admitido que no conoce la "letra pequeña" de la nueva normativa autonómica hasta el momento, ha señalado no obstante que el decreto ley de la Junta "copia" las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy sobre los desahucios y que, por tanto, la Administración autonómica no tiene que preocuparse por "garantizar que una persona en situación de emergencia social no pierda su vivienda porque eso ya está garantizado por el Gobierno de la Nación".