No me pone

Hay una canción repetitiva pero simpática de la catalana Mürfila llamada ‘Me pones’ que habla de lo que a la cantante le gusta (Johnny Cash) o no (Spiderman). Es una línea a seguir, lo que a uno le pone o no, cuando camina el pasillo, indeciso, en la somnolencia de la tarde, en busca de un café expreso, en piloto automático, buscando la dosis justa de cafeína que eleve la mente al nivel de un consejero de la Junta. El otro día me preguntaba Marisa Luque en su programa de radio ‘Hablar por no callar’ por mi opinión sobre los desahucios. Yo le contesté con otra pregunta: ‘¿Te refieres a los de viviendas y locales o a las ejecuciones hipotecarias de los bancos?’ No es lo mismo. Que el arrendatario moroso sea lanzado judicialmente de la vivienda que ocupa. Que la expulsión de la familia que no tiene dónde ir de su antigua vivienda porque Caja Bankiasol S.A. (entidad similar a donde transcurre la maravillosa crónica social que es ‘El mundo es nuestro’, la película del culebra y el cabeza) le ha traspasado el inmueble en la subasta a Bankiasol Actividades Inmobiliarias S.L., que se adjudica el remate y la vende por una quinta parte de su valor a un corredor de fincas que le gana quince mil euros a la jugada al vendérsela a un particular. O treinta mil.

Esto no me pone, porque contradice la Constitución Española que en su artículo 47 exige que se impida la ‘especulación’, como tampoco me ponía ver a mis amigos Jorge y Celia, que acaban de ser padres por segunda vez, aguantar un parásito social que no les abonaba la renta mensual, les hacía gasto de luz y agua, y que encima les causaba destrozos en la vivienda (y que den las gracias porque saben que a veces se han llevado hasta el calentador de butano).

Tampoco me pone la hipocresía, se me nota en la carita. Que la consejera de Vivienda aproveche ahora y presente el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda (¿quién es el encargado de poner esos nombrecitos a las leyes?) hace que me dé canguelo. Llega la señora y nos habla de la medida de expropiación temporal de inmuebles inmersos en procedimientos de desahucios hipotecarios y de las sanciones leves, graves y muy graves que se aplicarán a las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que decidan no destinar al uso las viviendas (no así las destinadas a actividades turísticas), con multas de hasta 9.000 euros. Lo más preocupante para mí no es eso, sino comprobar el aumento de la influencia de los postulados de Izquierda Unida en el Gobierno de Griñán y la poca fuerza que tiene la Junta de Andalucía en los despachos de los Emilios Botines, antaño indultados por el Gobierno de Zapatero, para decidir echarle las uñas a la cara, de este modo, en este momento, a la cúpula financiera. Eso, no me pone, porque sé cuál será la consecuencia.