La Junta apunta a dos exconsejeros como responsables políticos de los ERE

El caso de los ERE falsos empieza a minar las defensas de la Junta de Andalucía que ve cómo el supuesto fraude de las prejubilaciones se ha convertido en un eficaz ariete del PP. Y por vez primera desde que estalló el escándalo de corrupción, el Gobierno de José Antonio Griñán situó la responsabilidad política de la trama en los máximos responsables de la Consejería de Empleo entre 2001 y 2010. Una postura que fue aplaudida por Izquierda unida, su socio en el Ejecutivo autonómico, pero que no contó con el beneplácito de los socialistas, que se han desentendido con el argumento de que, por el momento, la responsabilidad solo recae en el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, señaló a los exconsejeros José Antonio Viera, actualmente diputado en el Congreso, y Antonio Fernández, imputado ya en la causa y en libertad tras pasar cuatro meses en prisión preventiva. «Sin duda que tienen responsabilidad política como responsables de la Consejería durante el tiempo en el que supuestamente se cometieron las irregularidades», valoró. Se trata de una opinión con la que en privado coinciden muchos socialistas, que lamentan no haber requerido su presencia en la comisión de investigación del Parlamento, órgano que solo situó el foco en Guerrero. Sin embargo, oficialmente, a lo máximo que se había llegado hasta el momento era al mensaje de que «las responsabilidades llegarán cuando tengan que llegar, en función de la razón y no del interés partidario». Una tesis expuesta por el propio presidente andaluz el pasado miércoles.

Más allá de poner en el punto de mira a los ex altos cargos, Martínez Aguayo recalcó en una entrevista de Canal Sur Televisión que el responsable «claro y directo» de todo el fraude es el ex director general de Trabajo, al que definió como «el eslabón que permitió que toda la trama funcionase». La consejera rechazó cualquier sombra de duda sobre la gestión de Hacienda en aquella época, en la que ella ejercía de número dos de Griñán en ese departamento. Martínez Aguayo insistió además en que el Ejecutivo regional hizo su trabajo y «cuando detectó que había problemas sacó toda la artillería para poner las cosas en orden».

En este sentido, recordó que los polémicos informes de la Intervención General solo formulaban «diferencias de imputación contable» y nunca «menoscabo de fondos públicos ni signos de fraude». «Porque si no, se hubiera actuado contundentemente», puntualizó Martínez Aguayo, quien dijo que «los interventores pensaban que (el sistema de ayudas) debía llevar un camino, y otros pensaban que tenía que llevar otro, y de ahí surge toda la diferencia». Al no tratarse de informes de actuación, la entonces viceconsejera no los transmitió a su superior.

La postura de Aguayo contrasta con la del secretario de Organización del PSOE andaluz, Francisco Cornejo, quien insistió en que su formación mantiene las responsabilidades políticas marcadas por la comisión de investigación, o lo que es lo mismo, en Guerrero. Aunque «si se producen modificaciones o avances en las investigaciones y se tuviesen que adoptar nuevas responsabilidades así lo haría», dijo a modo de cura preventiva.

Satisfacción de IU

Desde IU, por el contrario, se estima que la consejera les da la razón porque avala lo que señalaron sus diputados en la comisión parlamentaria, como recordó ayer el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso y diputado por Sevilla, José Luis Centella, quien aventuró que además de las políticas podrían depurarse responsabilidades penales contra ambos responsables de Empleo. Así, instó a la juez de instrucción del caso, Mercedes Alaya, a que «termine rápidamente lo que es evidente», en alusión a la imputación de Viera.

Para el PP, la decisión de Aguayo de «rectificar» a Griñán supone «un espectáculo esperpéntico» y subrayó que la consejera asumió las responsabilidades de no trasladar a Griñán los informes de Intervención. A través de la vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP andaluz, Alicia Martínez, el partido opositor se preguntó cuántos meses faltan para que sean Martínez Aguayo y Griñán quienes «asuman su responsabilidad».