El Ejecutivo recuerda que el límite de la información lo marca la Constitución

Lejos de apagarse la tormenta política que ha desatado en Galicia la publicación de la fotografías del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al narcotraficante Marcial Dorado sigue coleando en varios frentes.

Uno de ellos lo abrió el jueves el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al pedir, no sin controversia, «límites» a la libertad de expresión para limitar el daño que esas publicaciones causan a personas e instituciones. Pese a las numerosas críticas que recibieron las manifestaciones del presidente madrileño -que se vio obligado a matizar sus palabras pocas horas después de pronunciarlas-, ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró partidario de abrir el debate en torno a esta cuestión. El dirigente popular opinó que debe valorarse «hasta que punto» imágenes como las publicadas de Núñez Feijóo «causan impacto o no». «Es un debate que está sobre la mesa», puntualizó el dirigente popular.

Rueda hizo suyas las palabras del presidente Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, quien abogó por «la autorregulación de los periodistas en estos temas». En cualquier caso, el vicepresidente gallego incidió en que «la frontera debe estar en que los derechos de uno acaban donde empiezan los de los demás». Aunque no entró a fondo en el debate, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría sí dejó patente tras el Consejo de Ministros que no comparte la posición de González y Rueda. «Los límites son los que marca la Constitución», zanjó la número dos del Ejecutivo que dio por buena la actual regulación que, según incidió, se elaboró cuando se venía «de un régimen que no respetaba esos derechos a la libertad de opinión y el derecho a la información».

La oposición insiste

A continuación, la vicepresidenta quiso echar un cabo a Núñez Feijóo al recordar que el propio juez instructor -José Antonio Vázquez Taín- había dejado «bien claro» que las polémicas imágenes junto a Dorado no eran «relevantes».

Por otra parte, la oposición no ceja en su empeño de cobrarse la cabeza política de Núñez Feijóo tras la publicación de las instantáneas. El PSdeG solicitó ayer en la cámara gallega una copia de todos los contratos del Sergas, el Servicio Gallego de Salud, entre los años 1992 y 1998, administración en la que Núñez Feijóo trabajó del 91 al 96. Quiere saber si durante esos años el Gobierno de la Xunta adjudicó algún contrato o suministro a las empresas que manejaba Dorado ante las «flagrantes contradicciones» del presidente gallego, dicen los socialistas, sobre el tiempo que duró la amistad entre ambos.

«Se trata de poner de manifiesto, además de la relación impropia, si había intereses con los que el ahora presidente pudiera tener algo que ver», remarcó el viceportavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, quien no desaprovechó la oportunidad y exigió una vez más la dimisión del presidente con el fin de que «Galicia pueda pasar página sobre este asunto».

Mientras tanto, el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, denunció que Galicia «tenga que soportar» a un presidente con «un historial de relaciones tan estrechas con reconocidos delincuentes que hoy están en la cárcel por causas tan graves como el narcotráfico». Según continuó, «las preocupaciones de Feijóo no están centradas en los problemas del país, sino más bien en los suyos propios».