El nuevo plan de vivienda impulsa el alquiler y la rehabilitación de edificios

El Gobierno presentó ayer un nuevo plan de vivienda que, entre otros objetivos, persigue reactivar y reorientar el hundido sector de la construcción, motor de la economía hasta hace unos pocos años. El paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros pone el acento en la rehabilitación y la regeneración urbanas, además de en las ayudas al alquiler, pero no para la compra de nuevas viviendas. El Ejecutivo estima que el plan -al que se destinarán 2.421 millones de euros- permitirá crear unos 105.000 puestos de trabajo de aquí a cuatro años. Las iniciativas se reparten entre el proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 que, unidos a la Ley de Fomento del Alquiler, configuran los instrumentos «que harán posible el cambio de política y modelo» de vivienda», según asegura el Ministerio de Fomento.

El plan del departamento que dirige Ana Pastor parte del siguiente diagnóstico: de los 26 millones de viviendas que hay en España, 15 tienen más de 30 años y casi 6 superan el medio siglo. Además, destaca Fomento, «de los 10,7 millones de viviendas en edificios de 4 o más plantas, 4 millones aún no tienen ascensor». A ello hay que añadir «la gran distancia que separa el parque edificado en España de las exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios». Aproximadamente el 60% de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética. Y las viviendas -subrayó Pastor- consumen el 17% de toda la energía del país», y generan emisiones de gases de efecto invernado que desde 1990 se han incrementado en más de un 20%.

Aproximadamente la cuarta parte de los 2.421 millones presupuestados (627 millones) se destinará a la rehabilitación y a la mejora de la eficiencia energética de los edificios, que deberán ser anteriores a 1981. Además, al menos el 70% de su superficie debe tener uso residencial de vivienda y constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. Para el caso de la regeneración urbana, el Ejecutivo financiará la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización del espacio público o de edificación en sustitución de edificios demolidos.

El plan abre además una línea de financiación del ICO para particulares y comunidades de propietarios que quieren rehabilitar o reformar sus inmuebles, dotado con 1.000 millones de euros. Por su parte, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía aportará 100 millones -en ayudas públicas directas y préstamos reembolsables- para la renovación de ventanas, fachadas, calderas, equipos de aire acondicionado, etc. El Gobierno destaca el «efecto dinamizador de la economía y la generación de empleo» que supone la rehabilitación de edificios. Por cada millón de euros invertido, calcula, «se generan 56 puestos de trabajo». Además, espera generar una inversión productiva de 3.300 euros por cada 1.000 de inversión.

Sin ayudas a la compra

La otra gran pata del plan integral de vivienda presentado ayer es la potenciación del alquiler, bien mediante subvenciones directas para que las familias con menor renta puedan hacer frente a los pagos mensuales, bien a través del fomento del parque público de alquiler. De hecho, la nueva política diseñada por el Gobierno del Partido Popular acaba con las ayudas a la compra de viviendas. Casi el único nexo de unión entre el actual plan de vivienda y el diseñado por el anterior Ejecutivo es que se mantienen las ayudas para que los deudores hipotecarios con menos recursos puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos.

Buena parte del presupuesto asignado al nuevo plan (1.500 millones de euros) se los lleva la apuesta por el alquiler «como vía idónea para el acceso a la vivienda, especialmente para quienes disponen de menores niveles de renta, y para favorecer la salida al stock de vivienda desocupada». Estas ayudas serán de un máximo de 200 euros al mes para aquellas familias con ingresos inferiores a 1.596 euros, y que paguen un alquiler mensual que no supere los 600 euros.