El plan de proveedores estará ligado a pagos en 30 días

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado un nuevo plan de pago a proveedores para 2013 que estará ligado a la obligación de las administraciones públicas de pagar a las empresas en un plazo máximo de 30 días.

En un foro organizado por el diario 'La Razón', Montoro ha afirmado que la "contabilidad" que se destinará al nuevo proyecto, que obligará a cambiar la legislación, aún no está cerrada, al tiempo que ha considerado que introducir un plazo dará "fiabilidad". El Gobierno quiere ligar el plan a la directiva europea de morosidad -ha añadido- para evitar que la dilación en el pago de las facturas sea causa de dificultad en las empresas.

Al primer plan de proveedores, cuya ampliación ya anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se destinaron el año pasado 27.000 millones de euros, y se vincula su puesta en marcha al mantenimiento de al menos 150.000 empleos.

Poco después de anunciarlo el presidente, el Consejo de Ministros aprobó una dotación adicional para el plan de 2012 de 2.684 millones para las facturas anteriores al 1 de enero de 2012. Asimismo, se incluyó como novedad la posibilidad de que pudieran adherirse las entidades locales de País Vasco y Navarra así como las mancomunidades de municipios.

2013 será el último año de crisis

Por otro lado, Montoro ha recalcado que 2013 será el último año de crisis económica, y no sólo gracias al sector exterior, sino también por factores como un consumo interno que se reactivará -ha augurado- a finales del próximo ejercicio.

Según Montoro, "a finales de 2014 tendremos que el sector exterior y la demanda interna estarán coincidiendo en la recuperación" y se abrirá "un nuevo periodo largo y sano de crecimiento económico", siempre que no se pierda "la senda de ganancia de competitividad", ha advertido.

El ministro ha dejado claro que no estaba hablando de "teorías y deseos" sino de "fundamentos económicos serios" que hacen de España un "miembro fiable" de la Unión Europea al que "no hay que vigilar ni controlar". Al respecto, ha recordado que en 2012 se ha acometido "la mayor reducción de déficit estructural de la historia de España", de 2,6 puntos del PIB.

En este sentido ha restado importancia al hecho de que Eurostat obligase a elevar al 6,98% del PIB el déficit del pasado año frente al 6,7 anunciado por el Gobierno, y ha recalcado que la oficina de estadística comunitaria "es el árbitro, y siempre tiene razón". No obstante, ha insistido que en España se venía aplicando el criterio de devengo para calcular el déficit desde hace 30 años, y que ahora Eurostat pide que se compute el gasto cuando el contribuyente pida la devolución. "No hay más que discutir, son unas décimas", ha zanjado el ministro, que ha tachado de "cuestión muy menor" a la que "no hay que dar más vueltas" el debate suscitado.

Sobre los planes para este año, ha asegurado que no se harán mayores recortes, porque "se trata de no agravar la recesión económica", aunque ha sido "muy franco" al reconocer" que las decisiones sobre la prometida bajada de impuestos para el próximo año "no están tomadas".

En este sentido ha recordado que hay en marcha negociaciones en el marco de la Comisión Europea, el Eurogrupo y el Ecofin sobre una eventual relajación de los objetivos de déficit público, y de ello dependerán las decisiones que se adopten el próximo año.

Sobre eventuales modificaciones en algún impuesto, ha descartado cualquier subida, pero no ha descartado "hacer alguna modificación o ajuste", siempre que no perjudiquen al empleo, al consumo y la inversión.