Competencia desmantela el cártel de sobres electorales que duró 33 años

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado con más de 44 millones de euros a 15 empresas por formar y mantener un cártel durante 33 años en el sector de sobres de papel y, en concreto, en los sobres electorales. La CNC considera acreditado que desde 1977 y hasta 2010 (la inspección se inició en octubre de 2010) las empresas sancionadas acordaron la fijación de precios y el reparto de mercado a través de las licitaciones de los sobres para los procesos electorales convocados por la administración central y varias administraciones autonómicas, además de repartirse la fabricación de los sobres pre-impresos corporativos para grandes clientes públicos como la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico, RTVE, Correos, la Seguridad Social y casi todos los ministerios. Junto a ellos, grandes clientes privados como los bancos, eléctricas u operadoras de telecomunicaciones.

También fijaron los precios del sobre blanco y un acuerdo de limitación tecnológica en el mercado del sobre de papel en todo el territorio nacional. Así se hizo el gran cártel del sobre según las investigaciones de Competencia.

El «puchero común»

Las empresas denominaban al cártel el «puchero común» o «club». Un puchero en el que cada uno metía la cuchara, por turnos y en orden según el reparto que se hubiera acordado. A partir de 1995 se configura una lista de clientes, donde llegaron a incluir hasta 223 empresas, y el porcentaje de participación de las empresas del cártel para cada cliente en función de la facturación tradicional.

¿Quién levanta la liebre?

Coincidiendo con una serie de inspecciones de la Comisión Europea del 14 al 16 de septiembre de 2010 en varias empresas fabricantes de sobres europeos, fueron a Tompla, una de las del cártel español. Desde Tompla avisaron al presidente de Unipapel de la inspección y de la necesidad de destruir la información que pudieran tener sobre prácticas anticompetitivas. El presidente, el consejero delegado y el director general de Unipapel acudieron a la Comisión Nacional de Competencia a pedir la exención de la posible multa de acuerdo con el programa de clemencia que exime al primero que denuncia y demuestra la existencia de un cártel.

¿Te ayudó a destruir correos ?

Tompla llegó a ofrecer asesoramiento de sus informáticos para instruir a los empleados de Unipapel sobre la manera más segura de destruir correos electrónicos e información en soporte digital. Además, pidió al director general de Unipapel que durante la inspección de la Comisión Europea se abstuvieran él y los altos cargos de su empresa de llamar a los directivos de Tompla.

Reparto del mercado electoral

El cártel se originó en 1977, coincidiendo con la convocatoria de las primeras elecciones democráticas en España y funcionó en las elecciones generales de 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004 y 2008; así como en las elecciones municipales de 1983, 1987, 1991, 1999, 2003 y 2007, en las elecciones al Parlamento Europeo desde 1987 a 2009; las elecciones autonómicas de 1987, 1991 y 1999. Competencia también observó las mismas prácticas anticompetitivas en las elecciones autonómicas de Andalucía (1982, 1986 y 1996), País Vasco (1984 y 1990), Galicia (1985 y 2001), Cataluña (1988, 1999, 2003, 2006 y 2010) y Madrid (2003), así como los referendos de la OTAN de 1986 y sobre la Constitución Europea de 2005. Primero se repartían los lotes de adjudicación, uno para cada una con idénticas ofertas. Cuando se suprimieron los lotes, se elegía una única adjudicataria (normalmente Unipapel), que luego repartía el trabajo entre el resto ocultando al Ministerio del Interior que eran otras empresas las que fabricaban parte de los sobres.

Para los comicios se hacen cientos de millones de sobres, desde los que se utilizan para votar hasta los que cada partido envía a los 35 millones de posibles votantes, en el caso de unas elecciones generales. Desde 1995 hasta 2004, los sobres adquiridos por el PP eran fabricados al 50% por Unipapel y Tompla y los del PSOE, indistintamente. Desde 2004, Unipapel se quedó con el 55% de los sobres del PP y el 30% del PSOE y Tompla con el 45% del PP y el 70% del PSOE.

Ahorro del 40% sin el cártel

Una vez desmantelado el cártel, las ofertas presentadas a Interior muestran bajas de hasta el 40% cuando antes no llegaba al 10%. La Agencia Tributaria logró una rebaja del 35%.

Boicot a los que no son del club

El acuerdo para el reparto de los grandes clientes consistía en coordinar las ofertas a presentar por las empresas del cártel cuando se solicitaban presupuestos o convocaban licitaciones para la contratación de sobres preimpresos corporativos. El incumplimiento del acuerdo de precios daba lugar a una sanción del 25% del importe del pedido. Competencia considera acreditado que las empresas del cártel hicieron actos de boicot a los que no formaban parte del club. Por ejemplo, en una reunión de 1996 se informa de que en la licitación de Correos , la empresa Coberprint había ofrecido el precio más bajo pero que había sido descalificada por la calidad de los papeles y se explica que «ha habido una buena gestión por parte de todos los socios del club informando a la entidad de las dificultades de este proveedor».