La Junta aún no ha respondido sobre el traspaso del hospital de San Carlos

La cesión del hospital militar de San Carlos, en San Fernando, por parte de Defensa a la Junta de Andalucía cumple un mes sin que, de momento, la Consejería de Salud haya movido ficha al respecto. El diputado del PP por Cádiz, Alfonso Candón, y la parlamentaria por esta misma formación política, Carmen Pedemonte, han destacado esta mañana en Cádiz que la Administración regional aún no ha contactado con el Ministerio de Defensa para fijar el protocolo de traspaso de las instalaciones. Según Pedemonte, “la Junta tiene que sentarse con el ministerio para establecer, por un lado, el calendario y, por otro, el plan de actuaciones que llevará a cabo en el edificio”. Defensa cedió en un principio el inmueble de manera temporal pero, finalmente lo ha hecho con la propiedad, es decir, se desprende de un edificio en su totalidad para su uso civil. Tanto Pedemonte como Candón han lamentado que no haya habido todavía respuesta firme de la Junta sobre plazos o, al menos, de gestión. Para la parlamentaria popular, natural de San Fernando, sería deseable que la Junta diera un primer paso al frente y trasladará ya el servicio de urgencias al hospital. Ambos políticos confían en que la Junta se pronuncie lo antes posible sobre el traspaso del hospital a la red del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Estas declaraciones se ha hecho minutos antes de la reunión que han mantenido en loa sede del PP gaditano los concejales responsables de Política Social y Bienestar Social. En este sentido, la parlamentaria Carmen Pedemonte ha destacado que la Junta ha paralizado cualquier actuación en este sentido y el caso de los recortes ha llegado, incluso, a la Oficina del Defensor del Pueblo, que ha intervenido ante los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia y en la demora de hasta siete meses para autorizar el pago de algunas prestaciones sociales. Además, el Tribunal de Cuentas, según Pedemonte, también ha informado de que esta ley es “papel mojado” por las dificultades que tiene su cumplimiento y porque se trata de un servicio degradado En opinión de Pedemonte, la consejera de Salud, María Jesús Montero, aún no ha asumido que es también responsable de los Servicios Sociales, “que los ha convertido en un lista de espera”. Lamenta que sean los ayuntamientos y las diputaciones las que tengan que pagar finalmente las competencias de la Junta.

Por su parte el diputado Alfonso Candón ha explicado que el Gobierno de la Nación ha ultimado el borrador de la nueva ley a favor de la discapacidad, que introduce grandes mejoras para este colectivo tanto en el plano de inclusión social y laboral como en el ámbito de la educación y la igualdad.

Candón ha señalado que el Ejecutivo de Rajoy ha subido un 2% las pensiones de los discapacitados y ha destinado 47 millones de euros en planes de integración social, de los que 5 millones han venido a Cádiz y lo han gestionado 37 entidades para sacar adelante 107 programas. El diputado ha hecho referencia también a la paralización de los desahucias entre familias con discapacitados y la reciente aprobación de un 7% del empleo público para este colectivo.

Uno y otro han coincidido en señalar que los servicios sociales no tienen bandera política sino compromiso político.