Competencia descubre, gracias a un 'chivatazo', un cártel que dominó los sobres electorales durante 30 años

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado con más de 44 millones de euros a 15 empresas por formar y mantener un cártel durante más de 30 años en el sector de sobres de papel y, en concreto, en los sobres electorales. La CNC considera acreditado que desde 1977 y hasta 2010 (la inspección se inició en octubre de 2010) las empresas sancionadas acordaron la fijación de precios y el reparto de mercado a través de las licitaciones de los sobres para los procesos electorales convocados por la administración central y varias administraciones autonómicas, además de repartirse la fabricación de los sobres pre-impresos corporativos para grandes clientes, la fijación de precios del sobre blanco y fijar un acuerdo de limitación tecnológica en el mercado del sobre de papel en todo el territorio nacional.

El cártel se originó en el año 1977, coincidiendo con la convocatoria de las primeras elecciones democráticas en España, y el acuerdo de reparto se repitió en las elecciones generales de 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004 y 2008, así como en las elecciones municipales de 1983, 1987, 1991, 1999, 2003 y 2007, en las elecciones al Parlamento Europeo desde 1987 a 2009; las elecciones autonómicas de 1987, 1991 y 1999. Competencia también observó las mismas prácticas anticompetitivas en las elecciones autonómicas de Andalucía (1982, 1986 y 1996), País Vasco (1984 y 1990), Galicia (1985 y 2001), Cataluña (1988, 1999, 2003, 2006 y 2010) y Madrid (2003), así como en los referendos de la OTAN de 1986 y sobre la Constitución Europea de 2005.

En su resolución de 25 de marzo de 2013, el Consejo de la CNC destaca la existencia del cártel en “prácticamente la totalidad de las licitaciones de sobres para los procesos electorales celebrados en España desde 1997 a 2010”. Además, desde 1995 hasta 2010, el Grupo Tompla Sobre Exprés y Unipapel Transformación y Distribución se repartieron también la producción de sobres electorales para el buzoneo que realizan los partidos políticos.

Junto con el reparto de las licitaciones públicas de los sobres electorales, desde 1990 hasta 2010, doce empresas de las sancionadas se repartieron 223 grandes clientes, tanto públicos (como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de la Policía y prácticamente la totalidad de los Ministerios) como privados (entidades financieras, empresas eléctricas, de telecomunicaciones, etc.) y la fabricación de sus sobres pre-impresos corporativos.

Desde mediados de los años 90, varios miembros del cártel extendieron sus acuerdos a la fabricación y comercialización del sobre blanco o de stock así como a la limitación del desarrollo tecnológico en el mercado español del sobre de papel.

Por todo ello, el Consejo de la CNC multa a Unipapel (actualmente denominada Adveo Group International) a 20,5 millones de euros; a Andaluza de Papel (166.779 euros), Antalis (7,8 millones de euros), Argansobre (329.944 euros), Emilio Domenech Mirabel (113.107 euros), Envel Europa (655.107 euros), Manipulados Plana (356.342 euros), Sobre Industria (95.665 euros), Sobres Izalbe (51.818 euros) y a las siguientes empresas cuya matriz es Manufacturas Tompla (actualmente denominada Printeos): Tompla Sobre Exprés (11,26 millones de euros), Hispapel (788.380 euros), Pacsa (33.901 euros), Maespa (5.192 euros) y Sociedad Anónima de Talleres de Manipulación (2,39 millones de euros).

No obstante, en aplicación del programa de clemencia, que perdona el pago de la multa a quien denuncia el cártel, se exime del pago de 20 millones al grupo de Adveo Group International (y a su filial Unipapel Transformación y Distribución) y, por haber aportado información relevante se reduce un 40% la multa a Antalis (se queda en 4,68 millones) y un 30% a Manufacturas Tompla y sus filiales (con lo que baja de 14,47 millones de euros a 10,13 millones).

Competencia indica que, además de las empresas sancionadas, ha quedado acreditada la participación en el cártel de otras 16 empresas y de la Asociación del sector, pero que no han sido incoadas porque su participación en el cártel ha quedado prescrita.